La Corte Internacional de Justicia (CIJ) se pronunciará sobre las medidas provisionales reclamadas por México contra Ecuador a raíz de la invasión de su embajada en Quito por las fuerzas de seguridad.
El pasado 5 de abril, fuerzas ecuatorianas fuertemente armadas irrumpieron en la representación diplomática de México y detuvieron al exvicepresidente de Ecuador Jorge Glas, que estaba asilado.
La operación provocó la ruptura de relaciones entre los dos países y un pedido urgente presentado por México ante la corte con sede en La Haya para que se exija a Ecuador la protección de los archivos de la embajada.
México también solicitó a la CIJ que ordene a Ecuador permitir el desalojo de la embajada y de las residencias privadas del personal diplomático.
Igualmente, pidió que Ecuador se abstenga de cualquier acto que pueda afectar la implementación de las órdenes de la CIJ y de toda «conducta que agrave y amplíe la disputa» entre los dos países.
Asalto «debe tener consecuencias»
Estos pedidos se encuentran formalizados por México desde el pasado 11 de abril. Por tratarse de demandas de medidas provisorias, la CIJ les dedicó al tema una atención preferencial y urgente.
A continuación, los jueces de la CIJ analizarán el fondo de la cuestión, en que México acusa a Ecuador de «violar la legislación internacional».
México también demandó a la CIJ la suspensión de Ecuador de la ONU hasta que presente disculpas por lo ocurrido.
Los dos países presentaron sus alegatos orales ante la CIJ el 30 de abril y el 1 de mayo.
En su presentación, la delegación de México sostuvo ante el tribunal de la ONU que la invasión armada a su embajada «debe tener consecuencias».
«Hay líneas en el derecho internacional que no deben cruzarse. Lamentablemente, la República del Ecuador las ha cruzado», dijo el jurista mexicano Alejandro Celorio, representante de su país en este caso.
A su vez, el agente de la delegación ecuatoriana, el diplomático Andrés Terán Parral, alegó que el asalto a la embajada de México ocurrió «en circunstancias muy excepcionales».
Tensión creciente
El detonante de la crisis se gestó a fines de 2023, cuando Glas, vicepresidente durante el gobierno de Rafael Correa, fue acusado de malversación de fondos y condenado en un proceso en separado. El político se refugió en la embajada de México, alegando persecución política.
Luego de un dramático agravamiento de las tensiones, México —un país con una larga tradición de concesión de refugio político— otorgó a Glas la condición de asilado. Pocas horas más tarde, la embajada fue invadida.
Imágenes de video ampliamente divulgadas mostraron a agentes ecuatorianos retirando a rastras a Glas de la legación diplomática.
Ecuador alegó que la concesión del asilo a Glas fue ilegítima, ya que se trataba de un condenado en busca de escapar de la justicia común.
Por ello, Ecuador presentó ante la CIJ una demanda contra México por alegado «abuso» de las prerrogativas diplomáticas para proteger a Glas.
México, a su vez, respondió que cabe al país receptor analizar si hay elementos para considerar que una persona es objeto de persecución.
El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, ha justificado el asalto armado a la embajada mexicana alegando el riesgo de Glas de escapar del país.
Durante un discurso a mediados de abril, Noboa aseguró que sentía «cero arrepentimiento» por haber ordenado la invasión a la embajada.
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