Caracas.- El empresario colombiano Alex Saab, detenido en Cabo Verde y señalado de ser testaferro del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, tiene un papel clave en el programa gubernamental Comité Local de Abastecimiento y Producción, que se encarga de la distribución de alimentos subvencionados -muchos de ellos, importados- a las familias más desfavorecidas del país.
Según la oposición venezolana, el barranquillero, de 48 años de edad, ha amasado una fortuna vendiendo al Gobierno de Maduro miles de toneladas de alimentos de dudosa calidad y con sobrecostes, lo que produjo una millonaria pérdida patrimonial al país.
Y de acuerdo con la justicia de Estados Unidos, que lo sancionó junto a familiares de Maduro en 2019 por su presunta participación en un esquema de corrupción, Saab robó «cientos de millones de dólares» y pagó sobornos para obtener jugosos contratos del Estado venezolano.
Cuando fue detenido en Cabo Verde, el 13 de junio pasado, Venezuela reaccionó señalando que Saab es un ciudadano venezolano y un «agente» del Gobierno, que se encontraba «en tránsito» para volver al país.
Pero, ¿cómo llegó un desconocido empresario colombiano a formar parte del programa bandera de subsidio de alimentos de Venezuela? A continuación cinco claves que arrojan luces sobre el papel de Alex Saab en los llamados CLAP.
1.- ¿CÓMO SE INVOLUCRÓ ALEX SAAB EN LOS CLAP DE MADURO?
Maduro creó los CLAP en 2016, cuando Venezuela sufría una severa escasez de alimentos básicos y medicinas que mantenía a los ciudadanos formados en las largas filas durante horas frente a los supermercados.
Es en ese momento cuando entra Saab, que aparecía como uno de los dueños de Group Grand Limited (GGL), la empresa que inició la importación de alimentos para los CLAP, de acuerdo con denuncias de la oposición venezolana y de la exfiscal Luisa Ortega Díaz, quien por años fue considerada cercana al chavismo, pero le dio la espalda a Maduro antes de ser destituida de su cargo en 2017.
Saab ya trabajaba con la Administración de Maduro al menos desde 2013, cuando consiguió un contrato de 60 millones de dólares para levantar gimnasios verticales para promover las prácticas deportivas y culturales, la solución que encontró el presidente venezolano para atajar la alta criminalidad que atravesaba entonces el país.
2.- ¿POR QUÉ SE ACUSA A SAAB DE SER TESTAFERRO DE MADURO?
Fue la propia Ortega Díaz quien acusó en 2017 a Saab de ser un presunto testaferro de Maduro, un exchofer de autobús que gobierna Venezuela desde 2013.
La exfiscal dijo entonces que los resultados de una investigación que había adelantado cuando dirigía la acción penal en Venezuela hacían presumir que Maduro era propietario de GGL, aunque en los papeles Saab y el también colombiano Álvaro Pulido figuraban como dueños.
Saab siempre negó, a través de sus abogados, ser parte del negocio de la importación de alimentos en Venezuela.
Pero las denuncias de Ortega Díaz encontraron eco en una investigación del Parlamento, que controlaba la oposición, y que apuntó a Saab y a Maduro como socios en la importación de alimentos para los CLAP.
3.- ¿CUÁNTO DINERO HA GANADO SAAB EN VENEZUELA?
La cifra no está clara, pero solo con la importación de alimentos para los CLAP, las compañías GGL y Asasi Food FZC, ligadas a Saab y Pulido, recibieron contratos por unos 1.500 millones de dólares entre 2016 y 2018, de acuerdo con un informe del Parlamento y una investigación del medio independiente venezolano armando.info.
Pero Saab, según denuncias de la oposición y las investigaciones de varios medios, también tiene intereses en la industria de la construcción y el petróleo, entre otras.
Así, resulta complicado establecer un monto preciso de las ganancias de sus negocios en Venezuela, aunque la oposición estima este número en varios miles de millones.
Los detalles de las negociaciones entre el Estado y los entes privados no suelen hacerse públicos en Venezuela, donde la opacidad sobre los indicadores de la economía y la cosa pública es, con frecuencia, la norma.
4.- ¿POR QUÉ LA OPOSICIÓN CRITICA LOS CLAP?
Según la oposición venezolana, este programa de alimentos subsidiados ha generado al país una importante pérdida patrimonial, calculada en varios miles de millones de dólares.
El Parlamento venezolano dijo a finales de 2018 que a través de los CLAP las mafias de la importación habían defraudado al país, al menos, 5.000 millones de dólares, gracias a los sobrecostes y los enormes márgenes de ganancias a los alimentos.
Pero, además, el Parlamento aseguró entonces que los alimentos de los CLAP tenían «escaso valor nutritivo» o eran de baja calidad, usando como ejemplo la leche que se reparte en estas cajas de comida.
El diputado Freddy Superlano, que presidía la comisión de contraloría del Legislativo, señaló que la investigación desveló que, en el caso específico de la leche, el aporte es entre 18 y 42 veces inferior al que ofrecen empresas fuera del sistema CLAP.
5.- ¿A QUIÉNES ATIENDE EL SISTEMA CLAP?
Maduro ha dicho que el CLAP atiende a unas seis millones de familias venezolanas, que reciben cajas con alimentos cada 15 días.
Así, siempre de acuerdo con el Gobierno, unos 24 millones de personas se benefician del programa, o, lo que es lo mismo, el 80 % de la población venezolana.
Efe no pudo contrastar estos números de forma independiente, dada la magnitud de un programa que se cumple en todo el país. Tampoco lo ha hecho algún organismo público que no dependa del Ejecutivo venezolano.
Pero Efe sí ha podido constatar cientos de denuncias de ciudadanos que se quejan por las demoras en el reparto de las cajas o de su contenido, que encuentran insuficiente para satisfacer las necesidades nutricionales de una familia.
Cada caja de comida, como norma general, contiene dos kilos de harina precocida, varios kilos de arroz y de espagueti, granos, leche, azúcar y, en algunos casos, enlatados de atún o sardinas.
Más allá de las denuncias por sobreprecios o mala calidad, estos cerca de 15 kilos de comida representan una ayuda real para muchas familias en medio de la severa crisis que sufre Venezuela, un país donde más de siete millones de personas, entre empleados públicos y pensionistas, perciben ingresos inferiores a los 10 dólares por mes.
Ron González EFE
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