El Fiscal General de la República Bolivariana de Venezuela, Tarek William Saab, anunció hoy que, «en respuesta a una denuncia presentada ante el Ministerio Público», se han emitido citaciones a tres ciudadanos, Jesús María Casal, Mildred Camero y Roberto Abdul-Hadi Casanova, para comparecer ante la sede Principal del Ministerio Público el día lunes 30 de octubre de 2023.
«Hemos designado a los fiscales 73º Nacional contra la Delincuencia Organizada y 8º Nacional con competencia en Delitos Asociados al Saime; para llevar adelante la ya conocida investigación», dijo Saab en X (Twitter).
«Debemos nuevamente recordar que el artículo 293 de la Constitución de la República, en su apartado 6 establece que el Consejo Nacional Electoral es el órgano encargado de organizar las elecciones de sindicatos, gremios profesionales y organizaciones con fines políticos», agregó Saab.
Ataque a las primarias
Sobre las primarias del domingo, Saab se refirió a ellas y dijo con ironía que la CNP utilizó el voto manual «máquinas modernas, de tecnología de punta. Unas cajas de cartón con unos lápices Mongol sumando dos más dos son cuarenta».
El fiscal justificó la investigación con ese argumento y con otras irregularidades «que fueron públicamente denunciadas».
En tal sentido, siguió Saab, se mantienen apegados al artículo 285, numeral 4 de la Constitución. Y el artículo 111, ordinal 1 del Código Orgánico Procesal Penal.
«Asumimos de manera responsable esta tarea de investigar en base a las denuncias públicas realizadas, públicas y comunicacionales. Hemos abierto un expediente. Vamos a proceder a anunciar en las próximas horas las situaciones reflectivas, lugar, día y hora. Y en tal sentido, repito, ello basado en el debido proceso, derecho a la defensa, a un juicio justo. Pero, lo más importante, preservando lo que establece la Constitución».
Finalmente, anunció que no permitirá el uso de subterfugios legales para escalar a «acciones violentas, llamados a guerras civiles, levantamientos militares». Y enfatizó en que, durante los últimos seis años, el Ministerio Público es garante de la estabilidad democrática aplicando la justicia.
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