Un nuevo apagón de alcance nacional azotó a Venezuela este viernes, 30 de agosto, desde las 4:50 de la madrugada (hora local), por más de 14 horas, paralizando gran parte del país y desatando una ola de incertidumbre entre la población.
El Gobierno de Nicolás Maduro responsabiliza a un supuesto «sabotaje eléctrico» perpetrado, según las autoridades, por sectores opositores que buscan desestabilizar la nación. Sin embargo, la falta de información precisa y las repetidas fallas en el sistema eléctrico han dejado a los ciudadanos entre la frustración y el escepticismo.
En redes sociales, usuarios de, al menos, 21 de las 23 regiones del país, confirmaban la interrupción del servicio eléctrico. El ministro de Comunicaciones, Freddy Ñáñez, dio a conocer que «varios estados del país, incluyendo la Gran Caracas» se vieron afectados por el apagón.
A pesar de la gravedad de la situación, el ministro de Comunicaciones ni el ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello, ofrecieron detalles específicos sobre el supuesto sabotaje ni identificaron a los responsables, limitándose a señalar que el gabinete eléctrico trabaja para restablecer el servicio «en muy poco tiempo».
Cabello aseguró en una intervención telefónica en el canal estatal VTV que se hará «justicia» contra los perpetradores de este «ataque criminal».
Esta crisis eléctrica es solo la más reciente en una larga cadena de apagones que han afectado al país en los últimos años. El caso más grave ocurrió en marzo de 2019, cuando Venezuela quedó sumida en la oscuridad durante cuatro días consecutivos. Entonces, el Gobierno también atribuyó el colapso a un sabotaje, responsabilizando a la oposición y a los gobiernos de Estados Unidos y Colombia, encabezados en aquel momento por Donald Trump e Iván Duque.
A pesar de las promesas de mejorar la infraestructura eléctrica, el sistema sigue siendo vulnerable a fallas recurrentes, lo que plantea interrogantes sobre la eficacia de las gestiones gubernamentales para prevenir estos eventos.
Caos y desigualdad en Ciudad Guayana
Mientras el Gobierno lanza sus acusaciones y promete justicia, los ciudadanos enfrentan una realidad cada vez más dura. En Ciudad Guayana, zona que aporta el 72 % del consumo de energía eléctrica nacional, la situación es crítica. La población no solo debe lidiar con la falta de electricidad, sino también con la escasez de agua y la crisis de gasolina, que ha generado largas colas en las estaciones de servicio.
La desesperación por obtener suministros básicos, como alimentos y agua, hizo que muchos comercios se llenaran de ciudadanos en busca de productos de primera necesidad, aunque solo los establecimientos con plantas eléctricas fueron los que pudieron mantener operaciones en horario habitual.
En los centros comerciales de Puerto Ordaz, la escena es desoladora. Muchos ciudadanos recorrían los pasillos no para comprar, sino para encontrar algún tomacorriente disponible donde cargar sus teléfonos celulares, uno de los pocos vínculos con el mundo exterior en medio de la crisis.
Mientras algunos luchan por conseguir comida y agua, otros optan por un escape más hedonista. En las afueras de licorerías, se observaban aglomeraciones de personas consumiendo bebidas alcohólicas y escuchando música a alto volumen. Para algunos, esta es su manera de sobrellevar el apagón y la crisis constante. Un ciudadano, consultado sobre este escenario, comentó que no veía utilidad en quedarse en casa, ya que «la solución del problema eléctrico no está en nuestras manos». Otro expresó su frustración ante la falta de respuestas, preguntándose dónde están las autoridades para investigar el supuesto sabotaje.
Esta disparidad en las reacciones ciudadanas refleja el agotamiento de una sociedad que lleva años lidiando con crisis tras crisis. El apagón no es solo la interrupción de un servicio, es el reflejo de un país donde la inestabilidad se ha convertido en norma y la desconfianza en las instituciones es profunda.
La sombra del apagón del 2019
El recuerdo del gran apagón de marzo de 2019 sigue fresco en la memoria de los venezolanos. Aunque el Gobierno insiste en culpar a factores externos por estas fallas, la ciudadanía parece cada vez menos convencida de estas explicaciones. El deterioro continuo de los servicios públicos, la corrupción y la falta de inversión en infraestructura eléctrica han generado un clima de incredulidad. En cada nuevo apagón, el fantasma de un colapso más duradero y severo parece acechar a la población.
La persistencia de los apagones y la respuesta oficialista basada en acusaciones de sabotaje se han convertido en una constante. Sin embargo, cada vez son más las voces que exigen transparencia y soluciones reales.
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