La Central Obrera Boliviana (COB) informó este jueves que analiza de forma conjunta con el Gobierno la posible liberación de las personas detenidas durante las intensas jornadas de protesta que sacuden al país. El máximo dirigente de la COB, Mario Argollo, detalló que se ha conformado un equipo de asesores legales de ambas partes para revisar minuciosamente cada caso, estableciendo esta medida como una condición indispensable para dar continuidad a las mesas de concertación iniciadas en la víspera.
Postura de la ley frente a la impunidad
El avance del diálogo formal había quedado en suspenso el miércoles debido a la firme posición del sindicato de no negociar sin antes resolver la situación de los arrestados. Ante esto, el ministro de la Presidencia, José Luis Lupo, aclaró de manera tajante que el diálogo no puede suplantar las normativas legales ni traducirse en impunidad para quienes hayan cometido hechos delictivos. El vocero del Ejecutivo ratificó que las revisiones se harán bajo estricta individualidad y exigió, a cambio, la pacificación inmediata del país mediante el despeje de las vías principales.
Alianza de protesta y quiebre sindical
Las manifestaciones y bloqueos de carreteras comenzaron el pasado 6 de mayo bajo el liderazgo conjunto de la COB y la Federación de Campesinos de La Paz, sumando posteriormente el respaldo de agrupaciones leales al expresidente Evo Morales (2006-2019). No obstante, el bloque de protesta muestra signos de fractura; el dirigente campesino Vicente Salazar criticó con dureza la credibilidad de la COB por sentarse a negociar con el mandatario actual, Rodrigo Paz, manteniendo de forma independiente su exigencia de una amnistía presidencial y la dimisión del jefe de Estado.
Amenaza de desabastecimiento total
Pese a los intentos de acercamiento en la capital, agrupaciones campesinas de base y partidarios de Morales manifestaron su rechazo a los acuerdos intermedios y anunciaron una radicalización del cerco vial. La estrategia busca impedir por completo el ingreso de insumos y productos alimenticios hacia las ciudades de La Paz y El Alto para presionar la salida de Paz, quien apenas cumple siete meses de gestión presidencial.
Balance trágico de las movilizaciones
La persistencia de las protestas ciudadanas y los cortes de rutas han sumido a las principales urbes en una severa crisis de escasez de alimentos, combustibles y material sanitario como el oxígeno medicinal. El balance institucional de este conflicto reporta hasta la fecha pérdidas económicas que ascienden a los 2,760 millones de dólares y un lamentable saldo de al menos 16 personas fallecidas, de las cuales 13 perdieron la vida debido a la imposibilidad de recibir atención médica oportuna a causa de las barricadas en las carreteras.
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