El equilibrio entre los usos tradicionales e industriales de la hoja de coca y la lucha contra el crimen organizado representa uno de los principales retos de seguridad pública en Bolivia. De acuerdo con el más reciente informe de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc), la superficie cultivada en el país suramericano registró un incremento del 7 %, alcanzando las 36.400 hectáreas. La cifra supera significativamente el tope legal de 22.000 hectáreas establecido por la legislación nacional para atender la demanda tradicional y medicinal.
Disparidad regional y excedentes de producción
El análisis geográfico del cultivo refleja dinámicas opuestas entre las regiones productoras. Mientras en la zona tradicional de Los Yungas de La Paz se reportó un descenso del 4 %, situándose en 18.430 hectáreas, la zona del Trópico de Cochabamba experimentó un aumento del 22 %, alcanzando las 17.460 hectáreas. Esta disparidad genera preocupación entre analistas y exautoridades de la cartera de Gobierno, quienes advierten que la sobreproducción excedentaria en sectores no tradicionales alimenta directamente la fabricación ilícita de derivados y consolida al país como ruta de tránsito hacia mercados internacionales.
Propuesta legislativa para penalizar cultivos no autorizados
Ante la expansión del excedente, la Asociación Departamental de Productores de Coca de La Paz (Adepcoca) presentó una iniciativa de ley ante los órganos deliberativos. La propuesta busca sancionar con penas de cinco a ocho años de prisión la siembra no autorizada en áreas protegidas o parques nacionales, así como la comercialización al margen de los canales reglamentados. Desde la dirigencia cocalera paceña se enfatiza la necesidad de reforzar los mecanismos de control social para evitar que la actividad delictiva vulnere la economía campesina legítima.
Valor ancestral y protección constitucional de la planta
La Constitución de Bolivia ampara la hoja de coca en su estado natural como patrimonio cultural, recurso natural renovable y símbolo de reciprocidad social mediante prácticas como el acullico o masticado tradicional. Frente a las amenazas del narcotráfico y la presencia de organizaciones transnacionales, tanto productores artesanales como organismos internacionales coinciden en la urgencia de aplicar políticas de Estado rigurosas que diferencien el uso ancestral de la cadena de delitos conexos.
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