Ciudad Guayana.- El colapso de los servicios básicos: agua potable, gas doméstico y electricidad, agudiza las penurias que padecen las familias del estado Bolívar. Así lo informa la Comisión para los Derechos Humanos y la Ciudadanía (Codehciu) tras su más reciente monitoreo en la entidad.
De acuerdo con los últimos datos recopilados por la comisión, vecinos de diferentes comunidades del estado Bolívar, reclamaron la falta de estos servicios al menos 651 veces.
Esta cifra se desprende de los 997 reclamos que ha registrado la organización, correspondientes a fallas en servicios, desmejoras en el sistema público de salud, problemas con la vialidad, Internet, derechos laborales y falta de acceso a otros derechos como alimentación.
El agua como derecho humano
El acceso al agua potable es quizás la principal penuria que ha dificultada la supervivencia de los bolivarenses, una irregularidad denunciada por vecinos de diferentes comunidades durante años, resalta Codehciu.
En su moniterio se contabilizó 95 reclamos de la ciudadanía en 2021 correspondientes a problemas con el agua potable en diferentes municipios de Bolívar. Cabe destacar que este, además de ser un servicio, es considerado en el ámbito internacional como un derecho humano fundamental, reconocido por la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
En octubre de 2020, Codehciu alertó sobre este problema, todavía la situación no ha mejorado, y se evidencia en la cantidad de reclamos monitoreados por la organización.
Salud, aseo urbano y electricidad
De los 651 reclamos por servicios públicos monitoreados en publicaciones de medios de comunicación regionales, otros 104 representan afectaciones denunciadas por la ciudadanía referentes al aseo urbano. Como ocurre en el caso del agua potable, se trata de un problema que no es nuevo y que ha sido causa de molestia por parte de vecinos de diferentes comunidades en el estado Bolívar durante años.
Codehciu registró 60 reclamos reportados el año pasado en medios de comunicación regionales, en relación a la situación sanitaria y hospitalaria del estado Bolívar. Lo que se traduce en vulneraciones a la vida de los bolivarenses durante la pandemia por Covid-19, que ha dejado un saldo hasta la fecha de más de 5600 muertes según cifras oficiales.
El moniterio de la Comisión reslta cómo la llegada de la pandemia agravó el derecho a la salud en el estado Bolívar, sobre todo en zonas mineras, al sur de la entidad, donde la respuesta por parte de las autoridades fue poco oportuna.
Trabajadores del sector saud han denunciado irregularidades como la falta de insumos para atender casos de emergencia en hospitales, lo que ha conllevado a ser víctimas de constantes vulneraciones, mientras trabajan con las uñas en un contexto de pocos recuros, sostiene la organización.
Fallas con el gas doméstico y la electricidad son parte del informe de Codehciu, destacando los 39 reclamos por gas doméstico en 2021, al que se suman también 81 denuncias reportadas en medios de comunicación, por el servicio eléctrico.
Asimismo, el Observatorio Venezolano de Servicios Públicos (OVSP) alertó en febrero de este año que durante el 2021 el agua y la electricidad fueron los más reportados por los medios de comunicación. El primero obtuvo 31,2% y el segundo un 37,4% de registros contabilizados, según cifras nacionales.
La debilidad institucional que padece el país dificulta la posibilidad de una vida digna, según explica un integrante del equipo legal de Codehciu, consultado para este reciente informe.
“Esto incide en las distintas dimensiones de la vida cotidiana de la ciudadanía (…) la falta de determinados servicios públicos responde a una falla en la aplicación de políticas públicas que respondan a la satisfacción de las necesidades que se deben cubrir para alcanzar un nivel de vida adecuado”, destacó el experto en derechos humanos. Por ende, el trasfondo de estas carencias es la negación de derechos por parte del Estado.
El Estado no reconoce esta realidad. “Esto impide que se puedan plantear acciones idóneas para su restablecimiento en términos de calidad, es decir, imposibilita una mejor prestación de estos servicios”, acotó.
Pero, ¿cómo este contexto afecta a las personas? Estas carencias ponen más en riesgo a quienes, por circunstancias socioeconómicas, están en una situación de vulnerabilidad. El experto explicó que “la falta de un servicio impide la satisfacción de una necesidad elemental, de manera que la falta de agua, por ejemplo, impide poder cuidar la higiene personal, pero también dificulta actividades como la preparación de alimentos, el lavado de ropa o limpieza de la casa”.
“Es imperativo destacar que los más vulnerables, por encontrarse en situaciones socioeconómicas tan restringidas, no pueden satisfacer esas necesidades básicas”, continuó el defensor de derechos, “puesto que no poseen los recursos para hacerlo, y es allí donde la ausencia del servicio socava no solo la calidad de vida de la persona, sino también su dignidad”.
Codehciu insiste en que el Estado está obligado a crear y aplicar políticas públicas de manera permanente, donde la prestación de servicios de calidad sea una prioridad.
Además, deben generarse mecanismos donde la colectividad se beneficie de dichos servicios; debe mantenerse un diálogo transparente con las instituciones, la ciudadanía y organismos competentes, como un canal informativo y de retroalimentación, destacó.
Codehciu exhorta al Estado a la creación de políticas públicas que dignifiquen a los ciudadanos.
Los recursos como el agua, gas, electricidad, aseo, salud, y demás, deben ser garantizados de forma digna por los organismos del Estado, en este contexto de pandemia y Emergencia Humanitaria Compleja.
Prensa Codehciu
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