Bogotá.- El Gobierno de Colombia informó este viernes de la creación de un comando especial para la región del Bajo Cauca (noroeste), azotada por la violencia de las guerrillas y grupos criminales y donde en esta semana fueron asesinados tres civiles y hubo un atentado con granada dejó 12 heridos.
El ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, anunció la creación de un mando conjunto del Ejército y la Policía para combatir el crimen, tras condenar el ataque con granada de este jueves contra un billar del municipio de Caucasia, ubicado en la zona del Bajo Cauca del departamento de Antioquia.
«A propósito de los hechos criminales ocurridos anoche en Caucasia, he ordenado el traslado del comandante de las Fuerzas Militares y del comandante del Ejército de la zona para coordinar las operaciones. Acabamos de decidir la creación de un mando conjunto de Ejército y Policía en el Bajo Cauca para someter a la criminalidad», expresó el ministro.
En el Bajo Cauca se ha registrado un repunte de la violencia por enfrentamientos entre el Ejército de Liberación Nacional (ELN), disidencias de las FARC y las bandas criminales Los Caparros y el Clan del Golfo, principal grupo surgido de las paramilitares Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), que se desmovilizaron en 2006.
En medio de la ola de violencia en la zona, donde varios líderes han sido sociales asesinados, la semana pasada se reportó el homicidio de tres civiles en una incursión armada de presuntos miembros del grupo narcotraficante el Clan del Golfo en la localidad de Tarazá.
De acuerdo con el titular de Defensa, el nuevo comando tendrá como misión «combatir con todo rigor y firmeza a las estructuras del narcotráfico que operan en la zona» y proteger a las comunidades, «copando todos los cascos urbanos» con la fuerza pública.
El Gobierno anunció también que estructurarán un «cartel de los más buscados del Bajo Cauca, en el que se anunciarán recompensas por información que permita sus capturas».
Según un informe de la Misión de Verificación de la ONU sobre la implementación del acuerdo de paz con las FARC, la presencia de grupos armados ilegales en algunas zonas, como el Bajo Cauca, «sigue teniendo consecuencias devastadoras, como reclutamientos forzados de menores, homicidios, desplazamientos, confinamientos y ataques y amenazas contra las autoridades y los líderes étnicos».
En ese sentido, el Consejo de Seguridad de la ONU expresó a mediados de este mes su «seria preocupación» por los repetidos asesinatos en Colombia de líderes sociales y excombatientes de las FARC y reclamó «acciones efectivas» para mejorar la seguridad.
Entre tanto la Oficina de Naciones Unidas para los Derechos Humanos denunció que al menos 107 defensores de derechos humanos fueron asesinados en Colombia durante 2019 y, en las cuatro semanas que van de 2020, la cifra supera los 20 muertos.
EFE
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