El Congreso de la República de Colombia aprobó de forma definitiva el proyecto de ley que prohíbe la mutilación genital femenina en el país. Esta trascendental iniciativa legislativa, impulsada con fuerza en su debate final, pasa ahora a sanción presidencial para convertirse formalmente en política de Estado y erradicar una práctica que vulnera los derechos humanos más fundamentales.
La decisión se tomó en el Capitolio Nacional de Bogotá, en el marco de las últimas sesiones legislativas del periodo del Congreso. La iniciativa responde de manera urgente a una cruda y oculta realidad en el país: los registros oficiales ya reportaban 204 casos de ablación en territorio nacional, donde el 56% de las víctimas corresponden de forma alarmante a niñas de apenas 0 a 5 años de edad.
Asimismo, el análisis identificó una afectación específica de 86 casos en poblaciones afrodescendientes, lo que obligó a estructurar la norma con enfoques diferenciales.
Para llegar a este punto, la propuesta superó un arduo trámite que estuvo en riesgo de archivarse debido a la falta de debates. Tras recibir luz verde por unanimidad en la Comisión Primera del Senado en abril, la persistencia de diversos sectores permitió que la norma superara su cuarto debate definitivo en la plenaria del Congreso.
El mecanismo legal aprobado no solo castiga la práctica, sino que establece un andamiaje público integral cimentado en tres pilares obligatorios para el sistema de salud y de protección: estrategias pedagógicas educativas comunitarias, el fortalecimiento estricto de sistemas de información para combatir el subregistro y rutas de atención inmediata para las víctimas.
De acuerdo con los registros internacionales y de derechos humanos que motivaron la ley, Colombia se mantenía como el único país de América Latina con casos formalmente documentados de este tipo de violencia geomorfológica y física contra la mujer.
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