Ciudad de Guatemala.- La jueza guatemalteca Jazmín Barrios dio inicio este miércoles al debate oral y público en contra de cinco expatrulleros civiles, acusados de violar sistemáticamente a 36 mujeres indígenas durante el conflicto armado interno (1960-1996).
El juicio empezó con intervenciones del Ministerio Público (MP, Fiscalía) y de la defensa de los cinco exmiembros de las Patrullas de Autodefensa Civil (PAC), una fuerza controlada por el Ejército en la guerra civil en Guatemala.
El inicio del debate oral y público en el Tribunal de Mayor Riesgo A que preside Barrios fue suspendido el martes ante la ausencia de un abogado de la defensa, pero finalmente comenzó este miércoles en la Torre de Tribunales del Organismo Judicial guatemalteco.
Los cinco acusados siguieron el inicio del juicio mediante teleconferencia desde la cárcel donde se encuentran en prisión preventiva.
Los sindicados son Gabriel Cuxum Alvarado, Francisco Cuxum Alvarado, Damaín Cuxum Alvarado, Bernardo Ruiz Aquino y Bembenuto Ruiz Aquino.
De acuerdo con el Ministerio Público, los expatrulleros civiles violaron a 36 mujeres indígenas maya achí de manera sistemática entre 1981 y 1985, durante la época más sangrienta del conflicto armado interno.
Las violaciones tuvieron lugar en el cuartel militar de Rabinal en el departamento de Alta Verapaz, unos 100 kilómetros al norte de la Ciudad de Guatemala.
DENIEGA SOLICITUD
Barrios denegó al inicio del debate una solicitud por parte de la defensa de tres de los acusados, que argumentó que los delitos en cuestión ya prescribieron.
La jueza, ampliamente galardonada en el extranjero por su desempeño en procesos judiciales anteriores, explicó que los delitos graves en contra de los derechos humanos no prescriben de acuerdo a las leyes locales y acuerdos internacionales.
Una de las mujeres víctimas de los patrulleros, Paulina Ixpatá, exigió el martes el castigo a los sindicados durante un pequeño plantón en las afueras del Organismo Judicial guatemalteco.
“Nosotras, las mujeres sobrevivientes de violaciones sexuales dentro del conflicto armado, hemos sacado coraje de contar lo que nos sucedió para que en esta sociedad nunca más vuelvan a suceder estos actos inhumanos contra hombres y especialmente contra mujeres», expuso este miércoles Ixpatá en un comunicado divulgado por la organización Impunity Watch Guatemala.
«La vergüenza es para los que lo hicieron”, añadió Ixpatá.
PERITAJE PARA EL MINISTERIO PÚBLICO
Una de las testigo presentada por el Ministerio Público, la antropóloga Aura Cumes, indicó ante la corte que la «violencia sexual» en contra de las mujeres «destruyó» la integridad de sus vidas y les «afectó» a todo nivel.
Cumes realizó un peritaje de género sobre los hechos acontecidos durante el conflicto armado interno en Guatemala, uno de los más sangrientos en Latinoamérica con 245.000 personas asesinadas o desaparecidas, más del 90 por ciento a manos del Estado, según organismos internacionales.
La antropóloga añadió que las mujeres eran violadas como violencia sexual para torturarlas y conseguir información por sus supuestos nexos con guerrilleros.
Las mujeres tenían entre 12 y 52 años cuando fueron violadas sexualmente y entre las 36 víctimas habían cuatro menores de edad, según el Ministerio Público.
Por su parte, la defensa de Bernardo Ruiz Aquino y Bembenuto Ruiz Aquino, aseguró que no hay documento que acredite que sus representados eran patrulleros civiles.
Los detenidos están acusados de los delitos contra deberes de humanidad y usurpación del estado civil.
EFE
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