La libertad de asociación no requiere autorización previa del Estado ni admite restricciones mediante leyes sobre financiación extranjera, aclararon este jueves 19 de noviembre expertos de Naciones Unidas ante la creciente represión estatal en diversos países.

El Comité de Derechos Humanos de la ONU lanzó unas nuevas directrices que precisan estos y otros alcances sobre un derecho fundamental «indispensable para la dignidad humana», el cual permite a individuos y comunidades expresarse colectivamente.

Sin permiso estatal ni criminalización

Ante la proliferación de gobiernos que cancelan organizaciones e instituciones alegando supuesta ilegalidad, los expertos recuerdan que este derecho «no está condicionado a la autorización o el reconocimiento de un Estado».

«No se necesita ninguna autorización previa para disfrutar de este derecho y ejercerlo (…) el mero hecho de incorporarse a una asociación no registrada o de ser miembro de ella no debe criminalizarse ni sancionarse», defiende el comité.

El derecho a la financiación extranjera

Otro motivo frecuente de persecución, presente en países como Nicaragua o Rusia, consiste en acusar a las organizaciones de recibir fondos de «agentes extranjeros». Frente a esta práctica, el organismo subraya la legitimidad de buscar recursos fuera del país.

El artículo 22.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, cuyo cumplimiento vigila el comité, «protege el derecho a buscar, obtener, recibir y utilizar financiación y otros recursos materiales, incluidos los procedentes del extranjero», señala la directriz.

«También abarca el derecho a operar libremente a través de las fronteras y a acceder a la cooperación internacional con otros actores, sin correr el riesgo de recibir la etiqueta de ‘agente extranjero’ o cualquier calificativo similar, ni de enfrentar acusaciones de amenazar la seguridad nacional», añade el texto.

Leyes ambiguas y protección a la disidencia

El comité, integrado por 18 expertos independientes que eligen los Estados parte del pacto, advierte contra el uso indebido de la legislación antiterrorista o de seguridad nacional. También rechaza las leyes redactadas en términos vagos que buscan combatir el supuesto «extremismo» o a «indeseables».

El organismo agrega que la libertad de asociación protege a las organizaciones cuyas ideas y actividades incomodan a las autoridades públicas, incluso aquellas que «podrían calificarse de controvertidas, disidentes o contestatarias», lo que incluye acciones pacíficas de desobediencia civil colectiva.

Vigilancia, infiltración y países señalados

Aunque el documento no menciona gobiernos específicos, diversas comisiones de investigación de la ONU han denunciado altos niveles de represión en Nicaragua, Venezuela y Rusia, así como la inexistencia práctica de sociedad civil en Corea del Norte.

Asimismo, expertos de la ONU y ONG han expresado preocupación por la persecución de organizaciones en democracias, como ocurre con grupos de apoyo a la causa palestina en naciones europeas.

En el informe de 22 páginas, el comité alerta también sobre la creciente vigilancia digital contra las asociaciones y la infiltración de agentes policiales o de inteligencia, una práctica que considera incompatible con el pacto.

Grupos en mayor riesgo

El texto subraya que la persecución afecta con especial dureza a los pueblos indígenas, afrodescendientes y minorías religiosas o étnicas; personas que viven en zonas ocupadas; mujeres, menores, personas con discapacidad, personas con VIH; colectivo LGBTI; sindicalistas, defensores de derechos humanos y la oposición política.

«Garantizar la libertad de asociación, también en contextos de emergencia, es un requisito esencial para el carácter democrático de cualquier sociedad y para la protección de un espacio cívico abierto, plural, inclusivo y diverso», concluye el comité.

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