Comunistas aseguraron que seguirán luchando contra la «política neoliberal» del Gobierno, luego de que el Tribunal Supremo de Justicia anunciase la intervención del Partido Comunista de Venezuela, una medida por la que responsabilizan al presidente Nicolás Maduro y a la formación gobernante PSUV.
«Seguiremos luchando, seguiremos activos, seguiremos construyendo nuestro rol de vanguardia revolucionaria de la clase trabajadora cualquiera que sean las circunstancias que nos imponga el régimen burgués, encabezado por Nicolás Maduro», dijo ante periodistas el secretario general del PCV, Óscar Figuera.
El también diputado reiteró que la sentencia del TSJ, que nombra una junta directiva ad hoc para que organice nuevas elecciones internas, «violenta los derechos políticos» del partido y es «es totalmente írrita», pues «le concede a unas personas que no» son militantes.
«La razón es intentar acallar las voces que se enfrentan a la política neoliberal (…) Mientras actúan de esa manera, le abren las puertas a los sectores del capital, le abren las puertas a los sectores de la derecha», sostuvo Figuera en alusión a los recientes acercamientos entre el Ejecutivo y la mayor patronal del país, Fedecámaras.
Agregó que la intención de esta intervención es «evitar que surja una opción (de cambio político) verdaderamente desde el campo popular, desde el campo de los trabajadores».
El Supremo designó a Henry Parra, quien se ha identificado como dirigente nacional de la formación e introdujo este amparo constitucional, presidente de la nueva junta directiva.
El PCV es la formación más antigua del país y acompañó al chavismo en su ascenso al poder en 1999, tras lo cual mantuvo una cercanía con el Gobierno que se rompió en la última década, cuando se volvió crítico de Maduro.
Los dirigentes comunistas habían alertado en reiteradas ocasiones de un «plan para asaltar e intervenir el PCV», por lo que, a finales del mes pasado, más de 300 políticos, activistas y sindicalistas de varios países firmaron una petición en la que solicitaban al Ejecutivo que se evitara «la judicialización» de esta organización.
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