El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh) urgió este martes al Estado de Honduras a dar cumplimiento integral a las sentencias dictadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) a favor de las comunidades garífunas, tras alertar sobre la ausencia de avances sustanciales y la continuidad de patrones de intimidación, criminalización y despojo de sus territorios ancestrales.
Los garífunas constituyen una comunidad afrodescendiente asentada en la costa caribeña hondureña desde 1797. Agrupados en decenas de poblados, exigen históricamente la titulación y protección de sus tierras originarias, así como el acceso a condiciones de vida dignas.
El llamado de atención del Conadeh se produce en las horas previas a que Honduras sea evaluada este miércoles y jueves en Ginebra por el Comité de la ONU para la Eliminación de la Discriminación Racial, instancia que examinará la vulnerabilidad y el respeto a las garantías de las poblaciones indígenas y afro-hondureñas.
Exigen garantías de no repetición y recursos
A través de un comunicado oficial, el director del Observatorio Nacional de Derechos Humanos del Conadeh, Frank Cruz, aseveró que el cumplimiento estatal no debe limitarse a indemnizaciones económicas, sino abarcar el reconocimiento pleno de la propiedad ancestral y la ejecución de las medidas de restitución solicitadas por el tribunal interamericano.
Cruz enfatizó que el Estado incurre en un incumplimiento de las disposiciones de la Corte IDH, por lo que instó a «fortalecer la institucionalidad competente y asignar los recursos necesarios» que permitan ejecutar de manera expedita las medidas cautelares y de no repetición.
El Conadeh expresó su profunda preocupación ante el uso sistemático de figuras penales —como el delito de usurpación— y la emisión de órdenes de desalojo preventivo contra los habitantes de la zona costera, herramientas jurídicas que, según la institución, vulneran a los pobladores en lugar de resguardar sus derechos territoriales.
Movilización frente a la Corte Suprema
En paralelo a la exigencia del organismo defensor, miembros de distintas organizaciones garífunas instalaron desde este lunes un «campamento indefinido» frente a la sede de la Corte Suprema de Justicia en Tegucigalpa.
Los manifestantes reclaman que el Poder Judicial y las instituciones del Ejecutivo ejecuten de forma inmediata las sentencias internacionales que ordenan la restitución efectiva de sus tierras tradicionales.
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