La comisionada nacional de los Derechos Humanos en Honduras, Blanca Izaguirre, sostuvo una reunión de trabajo con Carmen Rosa Villa, vicepresidenta del Comité contra la Desaparición Forzada de las Naciones Unidas (CED). El encuentro tuvo como eje central el seguimiento a las recomendaciones internacionales emitidas para el Estado hondureño, orientadas a consolidar la prevención, la investigación penal y la sanción de las desapariciones forzadas en el país.
Durante la sesión, ambas funcionarias analizaron la necesidad de estructurar una respuesta institucional que sitúe a los familiares de las víctimas en el centro de las actuaciones judiciales. El encuentro se produjo como antesala del foro internacional «Honduras frente a las desapariciones forzadas: avances y desafíos», organizado por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) para conmemorar dos décadas de la Convención Internacional sobre la materia.
Nuevas dinámicas criminales y pendientes ante la Corte IDH
Desde el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh) remarcaron que el país centroamericano arrastra brechas estructurales en la materia, pese a los reiterados fallos condenatorios emitidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) que establecen la responsabilidad internacional del Estado por fallas procesales, falta de reparación integral e impunidad.
Izaguirre enfatizó que las desapariciones no corresponden únicamente al patrón histórico reflejado en la década de 1980 —periodo en el que se documentaron al menos 180 casos emblemáticos—, sino que en la actualidad se vinculan con dinámicas delictivas emergentes como las redes de trata de personas, la explotación sexual y los riesgos asociados a los flujos migratorios no regulados.
Urgencia de un marco legal de búsqueda y registro único
Para revertir la descoordinación entre los entes de investigación y administración de justicia, el Conadeh urgió al Congreso Nacional a avanzar en la aprobación de una Ley para la Protección y Búsqueda de Personas Desaparecidas. La propuesta legislativa contempla la creación de un registro único de datos, el establecimiento de protocolos de rastreo inmediato y un esquema de atención integral que prevenga la revictimización.
Esta revisión de compromisos institucionales se suma al trabajo de campo realizado por el Grupo de Trabajo de la ONU sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias durante su visita oficial al territorio en 2023, cuyas observaciones siguen vigentes como marco de referencia para las reformas estatales en materia de verdad, justicia y memoria histórica.
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