La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) se posicionó este viernes en contra del referéndum convocado por el Gobierno del presidente Daniel Noboa para el próximo 21 de abril sobre reformas en materia de seguridad, justicia y empleo.
Tras una larga reunión del consejo ampliado, el presidente de la Conaie, Leonidas Iza, confirmó que el movimiento indígena hará campaña por el «No» a las once preguntas de la consulta popular, de las que cinco implican reformas a la Constitución y las otras seis conllevan cambios legislativos.
La Conaie, que agrupa a una quincena de nacionalidades indígenas de Ecuador, es la organización social más grande del país y tanto en 2019 como en 2022 lideraron fuertes protestas contra las políticas económicas de los presidentes Lenín Moreno (2017-2021) y Guillermo Lasso (2021-2023), respectivamente.
En un pronunciamiento público, Iza aseveró que la consulta planteada por Noboa «no resuelve los problemas de los ecuatorianos» y «está siendo utilizada como una artimaña política para llevar a cabo una campaña electoral adelantada», pues la intención del mandatario es presentarse a la reelección en las elecciones generales de 2025.
«Rechazamos rotundamente la intención de utilizar esta consulta popular para incorporar el contrato por horas, pues significa una regresión de derechos y una precarización laboral, así como reconocer los tribunales de arbitraje internacional que presentan un grave riesgo para la seguridad y la soberanía jurídica del Estado ecuatoriano», dijo Iza.
«Rechazamos el modelo neoliberal implantado por el FMI (Fondo Monetario Internacional) y ejecutado por el Gobierno de la derecha de Daniel Noboa, el cual impone políticas de ajuste económico, aumento del IVA, eliminación de subsidios, privatizaciones y reforma laboral, que busca descargar esta crisis en las espaldas de los más pobres», añadió.
Conaie en contra de subir IVA y eliminar subsidios a combustibles
El máximo dirigente de la Conaie se refirió así al reciente aumento del impuesto al valor agregado (IVA) decretado por Noboa en Ecuador, que pasará del 12 % al 15 % a partir de abril con el objetivo de equilibrar la balanza fiscal, tras recibir una administración con un déficit de casi 5.000 millones de dólares, equivalente al 5 % del producto interior bruto (PIB) del país.
Junto a otras medidas económicas, Noboa ha logrado reducir la prima de riesgo de 2.141 puntos a 1.265 unidades, lo que mejora mucho las condiciones del país para negociar un programa crediticio con el FMI.
«El incremento del IVA es un paquetazo tributario para ir en contra de los más pobres y la clase media, mientras que benefician a los más privilegiados con remisiones tributarias», afirmó Iza, que propuso elevar el impuesto a la renta a quien gane más de 7.000 dólares y crear un impuesto a las grandes riquezas y patrimonios.
La Conaie también manifestó su oposición al plan de Noboa de focalizar los subsidios a los combustibles, que en 2023 supusieron un gasto estatal de unos 3.200 millones de dólares, ya que según Iza «afectará a los más pobres y a las pequeñas y medianas empresas (pymes)» porque «profundizará la pobreza e incrementará los productos de primera necesidad».
Consulta enfocada en seguridad
Entre las cinco preguntas de enmiendas a la Constitución que se votarán en referéndum se incluye una sobre la participación de las Fuerzas Armadas en apoyo a la Policía contra el crimen organizado y otra que permite la extradición de ecuatorianos.
También sobre la posibilidad de instaurar juzgados en materia constitucional, reconocer los arbitrajes internacionales y flexibilizar el mercado laboral con contratos temporales y por horas.
Entre las seis preguntas del plebiscito que no implican cambios en la Constitución, sino reformas a normativas internas se incluye la posibilidad de permitir que las Fuerzas Armadas controlen los accesos a las cárceles de forma permanente.
Asimismo, reformas del código penal para elevar las penas a delitos de terrorismo, narcotráfico, delincuencia organizada, asesinato, sicariato (asesinato por encargo), trata de personas, secuestro extorsivo, tráfico de armas, lavado de activos y minería ilegal.
También eliminar beneficios penitenciarios a condenados por terrorismo y otros delitos, tipificar el delito de tenencia o porte de armas y permitir que el armamento incautado a las bandas criminales se destine al uso de las fuerzas de seguridad del Estado.
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