Seis sindicalistas de Venezuela detenidos entre el 4 y el 7 de julio de 2022 fueron condenados este martes a 16 años de prisión por conspiración y asociación para delinquir, informaron varias ONG locales, que rechazan la condena y califican el hecho de «persecución política».
«Reynaldo Cortés, Alonso Meléndez, Alcides Bracho, Néstor Astudillo, Gabriel Blanco y Emilio Negrín acaban de ser condenados a 16 años de prisión por los delitos de conspiración y asociación para delinquir», dijo la ONG Acceso a la Justicia en su cuenta en Twitter.
La organización insistió en que estos seis sindicalistas son «luchadores sociales, y que esta condena representa «el recrudecimiento de la persecución política en Venezuela».
Por su parte, el Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (Provea) tildó de «brutal» la condena y aseguró, en la misma red social, que es una decisión «arbitraria», tomada en un proceso judicial donde «el único testigo de la denuncia nunca se presentó en un año y dos meses».
La ONG Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia señaló que los detenidos fueron condenados «a pesar de ser inocentes» y que, durante el juicio, «las únicas pruebas de las Fiscalía fueron capturas de pantalla y Twitter».
Las organizaciones recordaron que las detenciones se produjeron después de que encabezaran protestas callejeras para exigir salarios dignos y otras mejoras laborales.
El pasado junio, Eduardo Torres, uno de los abogados de los sindicalistas, dijo a EFE que la acusación representa «una aberración porque ellos están asociados para defender derechos, y los ampara, no solo a Constitución y las leyes, sino el convenio 87 de libertad sindical de la OIT (Organización Internacional del Trabajo)».
Este martes, el jurista difundió un vídeo en el que Yorbelis Oropeza, esposa de uno de los detenidos, subrayó que los luchadores sociales «han sido injustamente condenados por una juez que solamente se vende a lo que el Gobierno le dice».
«Los venezolanos que creemos en la justicia, que creemos en la verdad, vamos a seguir luchando (…) mi esposo y los trabajadores sociales han sido castigados simplemente por pedir una mejor calidad de vida», afirmó.
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