El rector del Consejo Nacional Electoral (CNE), Conrado Pérez Briceño, desglosó los pormenores de las próximas elecciones regionales y parlamentarias del 25 de mayo.
Pérez Briceño abordó la decisión de no incluir el código QR en las actas de votación, una medida que busca – a su criterio – resguardar la «integridad» del proceso.
La autoridad electoral indicó que el cronograma electoral tiene un 89.75% de ejecución, con el 92% de los centros de votación ya instalados.
Asimismo, desmintió cualquier anormalidad en el proceso y ofreció cifras detalladas del padrón electoral nacional: 21.485.000 electores, 15.736 centros de votación y 27.713 mesas de votación.
Eliminación del código QR
Un tema de gran interés, y que generó un extenso debate durante la entrevista, fue la decisión del CNE de no incluir el código QR en las actas de votación para los comicios del 25 de mayo. Pérez Briceño explicó que esta medida se toma en aras de «garantizar la máxima confiabilidad» del proceso.
«La máquina en sí misma tiene todo un sistema que permite garantizar que el voto que realiza Alexander, María, Pedro, José, ese voto goza de plena garantía de objetividad», aseguró el rector.
Sin embargo, consideró que el uso del código QR en elecciones anteriores generó graves problemas.
«Eso trajo graves consecuencias porque no era posible que Cheo tuviera un acta, esa misma acta la tuviera Alexander y esa misma acta la tuviera Conrado, pero con números y cantidades distintas», explicó.
QR: no obligación legal
Pérez Briceño aclaró que la inclusión del código QR no es una obligación legal y fue una disposición oficiosa del CNE en el pasado.
La «manipulación de la información» que se presentó con esta herramienta, según el rector, llevó a la decisión de no implementarla en esta ocasión.
«En esta oportunidad el QR no va, y no va justamente por esa experiencia que tuvimos y que tenemos, y que tenemos plena evidencia de ello», afirmó.
A su vez, destacó que la obligación legal del CNE es realizar auditorías exhaustivas de los votos y entregar las tres actas correspondientes a las organizaciones políticas con mayor votación, garantizando así la transparencia y la audibilidad del proceso.
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