El Consejo Nacional del Comercio y los Servicios (Consecomercio) emitió este domingo un exhorto urgente al Gobierno de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, para que precise los detalles del plan de ahorro de energía establecido el pasado mes de marzo. La solicitud surge tras una ola de fallas eléctricas prolongadas que han afectado la operatividad en diversos estados del país, dejando al sector comercial en una situación de vulnerabilidad logística.
A través de un comunicado oficial, el gremio empresarial subrayó la necesidad imperativa de que se publiquen los días y las horas exactas de los cortes programados. Según Consecomercio, esta información es vital para que tanto comerciantes como proveedores puedan planificar su actividad y así «continuar garantizando los bienes y servicios que demanda la población».
Un freno al desarrollo económico
La organización reconoció que la deficiencia en los servicios básicos sigue siendo el principal obstáculo transversal para la recuperación de la economía venezolana. «Para Consecomercio no puede existir una verdadera reactivación sin un sistema eléctrico confiable», señaló la directiva, destacando que las zonas más alejadas de Caracas sufren con mayor rigor el deterioro de la infraestructura. El gremio propuso un trabajo mancomunado entre los sectores público y privado para la recuperación y modernización del sistema.
Opacidad oficial y causas climáticas
Esta exigencia se suma a la denuncia realizada el pasado 1 de abril por la ONG Provea, que criticó la falta de información sobre el contenido y alcance de dicho plan energético. Por su parte, la administración de Delcy Rodríguez ha atribuido las dificultades actuales a un supuesto «fenómeno solar» que elevaría las temperaturas, apelando a la conciencia ciudadana para disminuir el consumo, pero sin ofrecer datos técnicos o una hoja de ruta clara sobre la administración de la carga.
Aunque en marzo la Cámara Venezolana de Centros Comerciales acordó sumarse a medidas de ahorro tras reuniones con el oficialismo, la realidad en las regiones fuera de la capital muestra un escenario de racionamientos no anunciados. Mientras el Gobierno mantiene su discurso de culpar a factores externos y a la oposición pese a la custodia militar de las instalaciones, el sector productivo advierte que el silencio informativo solo profundiza la crisis económica.
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