EFE
Bogotá.- La muerte a balazos de un exguerrillero de las FARC desmovilizado generó una gran controversia este domingo en Colombia.
El Ministerio de Defensa informó inicialmente de que falleció al recibir un disparo accidental de un miembro del Ejército, pero para la comunidad donde sucedieron los hechos se trató de una ejecución extrajudiciall en la que, además, le fueron mutilados los genitales.
El episodio ocurrió el 22 de abril en la aldea Campo Alegre, del municipio de Convención, en el departamento de Norte de Santander, donde hay una fuerte presencia de guerrilleros del Ejército de Liberación Nacional (ELN), disidencias de las FARC, bandas criminales y un reducto del Ejército Popular de Liberación (EPL), considerado por el Gobierno como una banda narcotraficante.
El ministro de Defensa, Guillermo Botero, informó dos días después de que un cabo del Ejército bajó por un caño en la convulsa región del Catatumbo, fronteriza con Venezuela, para unirse al grupo encargado de custodiar el oleoducto que pasa por la zona cuando se encontró con el exguerrillero Dimar Torres, quien al parecer intentó quitarle el fusil.
«En la refriega se disparó el fusil, esta persona quedó herida y posteriormente falleció», explicó Botero a periodistas.
Al ser informado de lo ocurrido, el Ejército asignó «equipos multidisciplinarios para determinar las circunstancias de tiempo, modo y lugar en la que ocurrió» la muerte de Torres, según un comunicado de la institución castrense.
La versión de Botero contrastó en ese momento con las de los lugareños y la del partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, que se creó tras la desmovilización de las FARC en 2016, hasta el punto de que en redes sociales llegaron a exigirle este fin de semana que renunciara.
Según el senador del partido FARC Carlos Lozada, tras la desaparición de Torres los habitantes de la aldea ingresaron a un campamento del Ejército y «encontraron la fosa que los soldados estaban cavando para enterrar a este compañero y luego hallaron también el cadáver dentro del predio».
Por lo anterior, exigió al Gobierno del presidente colombiano, Iván Duque, «plenas garantías» para quienes dejaron las armas con el propósito de que puedan hacer adecuadamente su proceso de reincorporación a la sociedad.
La historia cobró aún más relevancia este sábado, cuando el informativo de televisión Noticias Uno dio a conocer imágenes grabadas por los vecinos del exmiliciano cuando encontraron su cuerpo.
«El cadáver tenía claros signos de castración. Su órgano sexual cortado fue puesto encima de su pecho», indicó el noticiero.
Ante la controversia y debido a que desde la firma de la paz en Colombia han sido asesinados 129 exmiembros de las FARC, la Comisión de Paz del Congreso viajó el sábado al Catatumbo para dialogar con la comunidad y las autoridades.
En la zona, más de 100 personas se hicieron presentes en una audiencia pública en la que pidió perdón el general Diego Villegas, comandante de la Fuerza de Tarea Vulcano del Ejército, de la que forma parte el militar implicado en el hecho.
«Lo lamento desde lo más profundo. No es suficiente pero estoy aquí, yo me regalé para estar acá y no como dijeron algunos de que como mataron a un civil vine. Es que no mataron a cualquier civil, mataron a un miembro de la comunidad, lo mataron miembros de las Fuerzas Armadas», sostuvo Villegas.
El general precisó que lo ocurrido «no es una acción militar» y que no está tranquilo con lo que pasó, por lo que se comprometió a hacer «todo lo necesario para que la Fiscalía demuestre qué fue lo que hizo, por qué lo hizo y quién lo hizo. Que diga la verdad y que pague por lo que hizo».
El senador Roy Barreras, presidente de la Comisión de Paz, indicó que el hecho «no fue accidental», sino un «homicidio en persona protegida o ejecución extrajudicial».
Asimismo, dijo que las versiones sobre violación o mutilación de los genitales de la víctima «no parecen tener sustento probatorio».
Por su parte, el senador Iván Cepeda precisó que se intentó hacer desaparecer a Torres porque «efectivamente hay una fosa en donde al parecer se iba a enterrar».
Lo anterior, comentó, deja ver que «se trata de una ejecución extrajudicial, intento de desaparición y crimen contra el acuerdo y el proceso de paz».
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