Desde la pasada semana, entró en vigor la nueva legislación diseñada para combatir la desinformación, los deepfakes y los riesgos derivados de la inteligencia artificial (IA).
La normativa exige que cualquier empresa que ofrezca productos o servicios de IA debe implementar marcas de agua en contenidos de voz, imagen o video generados sintéticamente.
«El etiquetado es la medida mínima de protección para prevenir los efectos perjudiciales del abuso tecnológico», señaló un funcionario del Ministerio de Ciencia a la agencia Yonhap.
La ley no solo afecta a los generadores de contenido multimedia, sino que también se extiende al sector del entrenamiento y servicios digitales como los videojuegos, personajes virtuales y chatbots.
En cuanto a los videojuegos, los desarrolladores deben incluir avisos explícitos como ‘este juego utiliza IA generativa en determinados aspectos.
Por su parte, los personajes creados con IA debe etiquetarse como tales y por último, las interfaces de chat deben indicar que se trata de una «conversación a través de IA generativa».
Clasificación de «IA de alto riesgo»
Uno de los puntos claves de la ley es la definición de IA de alto riesgo, que se categorizan así las tecnologias que impactan directamente en la seguridad, los derechos fundamentales o la vida de los ciudadanos.
Algunos ejemplos incluyen los procesos de selección del persona y contratación, revisiones y aprobación de prestamos financiaros y la asesoramiento médico automatizado.
Las empresas en esta categoría tienen la obligación legal de informar de manera transparente sobre el uso de la IA y asumir la responsabilidad total sobre la seguridad de sus sistemas.
Otras de las cosas que impone la ley, es la designación de un representante local para las industrias que operen en el país y que cumplan con los hitos específicos como ingresos globales de 681 millones de dólares, ventas locales de 7 millones o más de un millón de usuarios diarios).
Cabe destacar que compañías como OpenAI y Google ya entran en este radar normativo.
Por el incumplimiento de la normativa, las multas puede llegar hasta 20 mil dólares por no designar representación local.
No obstante, las autoridades han establecido un año de transición antes de comenzar a aplicar sanciones económicas efectivas.
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