Los candidatos del movimiento político Revolución Ciudadana, que lidera el expresidente Rafael Correa, se consolidan en el escrutinio para las alcaldías de Quito y Guayaquil, así como para las prefecturas de siete de las provincias más pobladas del país andino.
De acuerdo con los datos oficiales preliminares del Consejo Nacional Electoral (CNE), con el 99,5 % escrutado, Pabel Muñoz acumula el 25,2 % de los votos para la alcaldía de Quito, mientras que en Guayaquil, con el 93,5 % escrutado, Aquiles Álvarez logra el 39,7% de los votos.
Los resultados en Guayaquil, centro económico de Ecuador, suponen un duro golpe para el derechista partido Social Cristiano, que estuvo 31 años en la administración municipal.
Los candidatos de Revolución Ciudadana están también al frente del conteo de votos en algunas de las provincias más pobladas de Ecuador.
Así, en Pichincha, con el 99,5 % de actas escrutadas, Paola Pabón obtiene el 27,9 %, en tanto que en Guayas, con el 93 % escrutado, Marcela Aguinaga, se consolida en primer lugar con el 34,4 %.
En la provincia de Manabí, donde se ha contado el 97,4 %, el candidato Leonardo Orlando acumula el 42,8 %, en Azuay, con el 99,6 % contabilizado, Juan Cristóbal Lloret va en primer sitio con el 20,22 %.
Con el 94,7 % escrutado, en Sucumbíos, Yofre Poma tiene el 33,01 %, en tanto que con el 99,8 % contabilizado en la provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas, Johana Núñez, logra el 41,22 %.
Con algo más del 56 % escrutado, en Imbabura, Richard Calderón va por delante con un 33,59 %, seguido por Lucía Posso, del partido Avanza, con 26,03 %.
En las elecciones locales del domingo estaban convocados a las urnas más de 13,4 millones de ecuatorianos para elegir a 23 prefectos provinciales y 221 alcaldes, además de renovar a los siete miembros del Consejo de Participación ciudadana y Control Social (Cpccs), un órgano que designa autoridades como el fiscal general y el contralor.
Al mismo tiempo, los ecuatorianos respondieron «Sí» o «No» a las ocho preguntas de un referéndum planteado por el Gobierno para modificar la Constitución en materia de seguridad, democracia, instituciones estatales, movimientos políticos y medioambiente.
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