Un representante de la alianza entre los movimientos políticos Revolución Ciudadana, del expresidente Rafael Correa (2007-2017), y Reto, impugnó la prohibición de votar con el teléfono en la mano durante el balotaje del próximo 13 de abril, anunciada por el Consejo Nacional Electoral (CNE).
Francisco Estarellas Solís, procurador de ambos movimientos políticos, impugnó la decisión ante el CNE «por ser atentatoria a los derechos constitucionales de los ciudadanos, como lo es el derecho a la libertad de expresión principalmente», informó este domingo el diario El Universo.
El pasado jueves, y a petición del Gobierno del presidente, Daniel Noboa, el CNE prohibió que los ecuatorianos voten con el teléfono en la mano durante la segunda vuelta de las elecciones presidenciales.
Tras la primera vuelta electoral, Noboa, que busca la reelección, denunció sin pruebas que, en varias zonas, grupos criminales obligaron presuntamente a los electores a votar por su rival, la correísta Luisa González, y supuestamente pidieron fotografías de sus papeletas de votación como prueba.
En réplica, González señaló que sus votantes «no son ni ‘narcos’ ni delincuentes» , mientras en la impugnación se hace hincapié en que no se han presentado denuncias que sustenten las presuntas presiones.
La prohibición del CNE abarca «el uso de dispositivos móviles, eléctricos o electrónicos a los electores durante el acto del sufragio», y también a los miembros de las mesas electorales durante todo el conteo de votos, a excepción de uno de ellos que solo podrá usarlo para rellenar el acta del escrutinio.
El correísmo ha rechazado la decisión y ha criticado que el CNE haya aceptado la demanda del Gobierno de Noboa.
«Nos gobiernan delincuentes», reaccionó Correa al conocer la decisión, mientras que González dijo temer que se prepare un fraude.
«Esto es una dictadura, a rebelarnos, no podemos aceptar este tipo de medidas: prohibirnos el uso del celular», señaló González.
Multa de hasta 32.900 dólares
La presidenta del CNE, Diana Atamaint, ha señalado que el incumplimiento de la disposición sobre los teléfonos es una «infracción electoral muy grave», que se sanciona con una multa desde los 9.870 dólares hasta 32.900 dólares.
Atamaint ha aclarado que los ciudadanos pueden ingresar en los recintos electorales con sus celulares y que la restricción de uso comienza desde que entregan su documento de identidad para iniciar el proceso de voto, hasta la entrega del mismo luego de sufragar.
Más de 13,7 millones de ecuatorianos están convocados a las urnas el próximo 13 de abril para decidir si Noboa es reelegido para un mandato completo (2025-2029), donde profundice su «guerra» declarada al crimen organizado y avance en las reformas económicas propuestas, o si prefiere que el correísmo retome las riendas del país y convierta a González en la primera en ser electa presidenta de Ecuador.
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