La Corte Constitucional de Ecuador emitió este viernes sendos dictámenes «no favorables» a dos decretos ejecutivos anunciados por el presidente del país, el conservador Guillermo Lasso, sobre un alivio para deudas de estudiantes universitarios y otro en beneficio de empresarios.
El pleno de dicha Corte, en una reunión extraordinaria, decidió negar la aprobación de los dos decretos por considerar que no cumplían con las consideraciones de «urgencia económica» establecidas en la Constitución, dentro del periodo extraordinario que vive el país tras la disolución de la Asamblea Nacional (Parlamento).
El pasado 8 de julio el presidente Lasso emitió un decreto para aliviar las deudas que mantienen estudiantes universitarios y otro que favorecía a empresarios con problemas financieros derivados de eventos naturales como la pandemia de la covid-19 y el probable impacto del fenómeno climático de El Niño.
Ambos decretos los propusieron con el carácter de urgencia económica, pero debían pasar el filtro de la Corte Constitucional, debido a la ausencia de la Asamblea Nacional, disuelta por Lasso en mayo pasado.
La Corte, en un comunicado, explicó que el dictamen contra el «Decreto Ley de apoyo financiero a favor de beneficiarios coactivados de créditos educativos, becas y ayudas económicas» se debió a que consideró que «no cumple con los criterios de urgencia ya establecidos por la jurisprudencia».
Tampoco aprobó el «Decreto Ley de reestructuración empresarial» por considerar que no es de «urgencia económica» y que no se aplicaría ante un hecho apremiante, como podría ser el eventual impacto del fenómeno de El Niño sobre ese sector productivo.
El decreto de Lasso fijaba los mecanismos normativos para que las empresas que afrontasen dificultades financieras por eventos naturales pudieran alcanzar acuerdos con sus acreedores y reestructurar sus pasivos para mantener su funcionamiento.
Su aplicación, según la Corte, «no surtirían efectos inmediatos, por lo que su adopción podría esperar hasta la instalación de la nueva conformación de la Asamblea Nacional», ahora disuelta por decisión de Lasso.
La Corte también consideró que la futura Asamblea legislativa podría retomar el tema y debatir sobre los objetivos del proyecto.
El anuncio de la Corte Constitucional se dio en medio de un periodo de transición que soporta el país derivado de la decisión de Lasso de aplicar la llamada «muerte cruzada», por la cual disolvió el Parlamento, de mayoría opositora, y convocó a elecciones presidenciales y legislativas extraordinarias.
Dichos comicios tendrán lugar el próximo 20 de agosto y las autoridades que resulten elegidas completarán el periodo 2021-2025 que le correspondía a Lasso, pero que él mismo recortó con la «muerte cruzada».
El mandatario invocó ese mecanismo constitucional en un momento en que la Asamblea Nacional se disponía a votar una moción para su eventual destitución en un juicio político en el que lo acusaron de malversación de fondos públicos, cargo que el mandatario ha negado enfáticamente.
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