La jueza de la Corte de Circuito del Condado de Escambia, en Florida, Estados Unidos, Jennifer J. Frydrychowicz, rechazó la solicitud de una menor, identificada en documentos judiciales como Jane Doe 22-B (anónimo), de renunciar a la ley estatal que requiere a las menores el consentimiento de los padres para practicar un aborto.
En la petición, se indicó que la niña no tiene padres, vive con un pariente y tiene un tutor designado, el cual, según señaló la propia menor, estaba «bien con lo que [ella] quiere hacer».
Entre sus argumentos expuso que no estaba lista para tener un bebé; todavía está en la escuela, no tiene trabajo, y el padre no podría mantenerla.
Agregó que, antes de que decidiera abortar, «experimentó un trauma (la muerte de un amigo)», por lo que está obteniendo un GED (General Education Development; en español, Desarrollo General de Educación, exámenes que certifican a los adultos para continuar sus estudios técnicos y superiores) a través de un programa para jóvenes que experimentaron eventos similares.
En el fallo, se describió la impresión de la jueza Frydrychowicz, respecto a la adolescente, como «creíble» y «abierta», «mostró, a veces, que es lo suficientemente estable y madura para tomar esta decisión».
Sostuvo que la menor «Reconoce no está lista para la responsabilidad emocional, física o financiera de criar a un niño» y «tiene preocupaciones válidas sobre su capacidad para criarlo».
Aun así, la jueza optó por denegar la petición. La Corte de Apelaciones del Primer Distrito de Florida el lunes 15 de agosto confirmó el fallo; de acuerdo al documento emitido por el panel de tres jueces, «la apelante no había establecido mediante pruebas claras y convincentes que ella era lo suficientemente madura para decidir si terminar su embarazo».
Desacuerdo
La orden no contó con unanimidad, los jueces de la Corte de Apelaciones del Primer Distrito de Florida, Harvey Jay y Rachel Nordby, coincidieron, mientras el juez Scott Makar discrepó en parte.
Makar, en su disidencia, escribió que la jueza Frydrychowicz no descartó reconsiderar la decisión, si la adolescente, en una fecha posterior, articula su solicitud de manera adecuada.
«Leyendo entre líneas, parece que el tribunal de primera instancia quería darle a la menor, que estaba bajo estrés adicional debido a la muerte de un amigo, tiempo adicional para expresar una comprensión más profunda de las consecuencias de interrumpir un embarazo», agregó.
La menor contaba con 10 semanas de embarazo cuando introdujo la apelación; el documento no reseña qué tan avanzado estaría ahora, y, como las leyes para el aborto en Florida prohíben el procedimiento después de las 15 semanas de embarazo, tiene poco tiempo para tomar una decisión.
El abogado de atención médica Harry Nelson, que no está involucrado en el caso, dijo a The Daily Beast, primer medio en reportar el caso, que las repercusiones serán «profundas»; «esto va a tener ramificaciones terribles para la joven, para el bebé que va a nacer a causa de esto y para la sociedad».
Ordenamiento
La solicitud de la menor de 16 años dependía de la «Ley de notificación y consentimiento de los padres para el aborto», sancionada en 2020, que considera delito de tercer grado la interrupción del embarazo en una menor no emancipada, sin el consentimiento requerido.
Según la ley, los padres deben ser informados de la decisión 48 horas antes del procedimiento y uno tiene que dar su consentimiento. No obstante, un juez podría excusar este requisito si la menor es víctima de abuso sexual, si se trata de una emergencia médica o si logra obtener el permiso del juez.
Florida es uno de los seis estados en el país norteamericano que tiene tales restricciones.
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