Países Bajos.- La Organización No Gubernamental (ONG) Acceso a la Justicia informó este miércoles sobre la publicación del último documento por parte de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI), referente al recurso dilatorio introducido por el fiscal general designado por la ilegítima y extinta asamblea constituyente, Tarek William Saab.
La asociación señaló que en el documento se confirma que la Fiscalía de la CPI no ha tomado una decisión sobre el examen preliminar, pero sí sobre el requisito de complementariedad. “El mismo estaría cumplido a los efectos de la admisibilidad del caso venezolano ante la CPI”.
Asimismo, indicaron que el organismo internacional consideró que “existe inacción de las autoridades venezolanas” en investigar y sancionar a “los responsables de los crímenes de lesa humanidad” presuntamente cometidos en Venezuela, a lo que agregaron que es la primera información de la Fiscalía sobre dicho punto. “Ya anteriormente señaló que en Venezuela autoridades del Estado, en especial fuerzas de seguridad militares y policiales, habían cometido crímenes de lesa humanidad”, indicó la ONG citando el escrito.
«Es significativo que, habiendo revisado la información presentada por las autoridades nacionales, los casos potenciales que probablemente surgirían de una investigación sobre la situación serían admisibles en términos de inacción. Esto se debe al número limitado de procedimientos internos pertinentes relacionados con los posibles casos identificados por la Fiscalía; su alcance muy limitado en relación con sus hallazgos; y la falta de pasos concretos y progresivos en esos casos para determinar la responsabilidad penal de los sospechosos”, señala documento de la CPI.
La Fiscalía de la CPI señaló que las autoridades venezolanas “no están realmente dispuestas a investigar y/o enjuiciar esos casos”.
“Esto se debe a que, según la información disponible, se han iniciado procedimientos internos o se han adoptado decisiones nacionales con el fin de proteger a las personas de la responsabilidad penal”, se lee en el texto, a lo que agregan que las investigaciones no se han llevado de manera independiente o imparcialmente, “lo que significa que se han llevado a cabo de una manera que es incompatible con una intención de llevar al interesado ante la justicia”.
En su informe de actuaciones de 2020, la Fiscalía de la CPI concluyó que “existe una base razonable para creer que se han cometido crímenes de lesa humanidad, particularmente en el contexto de la detención, en Venezuela desde al menos abril de 2017”.
Desde entonces, como explica la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, el examen preliminar también se ha basado en la existencia y autenticidad de los procedimientos nacionales como parte de la evaluación de la admisibilidad.
Antes de dejar su cargo en junio de 2021, la exfiscal Fatou Bensouda dijo que había alcanzado “una determinación final sobre el examen preliminar, y estuve preparándome para anunciar nuestras conclusiones en respuesta al grupo de Estados que lo solicitaron”, pero se paralizó debido a las acciones interpuestas por el Ministerio Público venezolano.
Ahora corresponde al nuevo fiscal, el británico Karim Khan, decidir sobre este examen preliminar. Para ello, tiene hasta diciembre cuando la Fiscalía de la CPI debe emitir su nuevo informe de actuaciones.
Con información de Tal Cual
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