Si la suspensión temporal de sanciones estadounidenses tendrá o no un impacto en la economía de Venezuela, dependerá del presidente Nicolás Maduro, quien debe crear confianza en quienes tengan intereses en hacer o retomar negocios en su país, con señales que correspondan con las condiciones establecidas por Washington para mantener el alivio, advierten expertos.
EEUU anunció la semana pasada el levantamiento de varias sanciones, incluidas las del petróleo y el gas, por seis meses, como respuesta al acuerdo entre el oficialismo y la oposición sobre garantías electorales para las presidenciales de 2024, que incluyen observación internacional.
Sin embargo, advirtió que podría reconsiderar la decisión si no se liberan a los «presos políticos» estadounidenses en Venezuela y si la opositora María Corina Machado, ganadora de las primarias del pasado domingo, sigue inhabilitada para ejercer cargos de elección popular, sobre lo que EEUU quiere ver pasos concretos antes de finales de noviembre.
El economista Luis Zambrano, miembro del Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales de la Universidad Católica Andrés Bello (IIES-UCAB), dijo que Caracas debe demostrar que «hay voluntad» para que el «problema político se resuelva».
De lo contrario, los riesgos «son muy altos».
Pero, en su opinión, el Gobierno dio una señal «muy mala» el pasado jueves, cuando el jefe negociador oficialista, Jorge Rodríguez, aseveró que los políticos que estén inhabilitados no pueden ser candidatos a la Presidencia, y que Venezuela «no acepta presiones, chantajes ni injerencia de poder o de país alguno».
Al final, según Zambrano, las expectativas «son muy importantes» e inciden en la decisión de hacer o no alguna inversión, y ante la naturaleza de la decisión de EEUU, que establece unas «condiciones políticas», hay incertidumbre sobre «qué va a pasar dentro de los próximos seis meses».
Un impacto limitado a Venezuela
Venezuela, gracias a las negociaciones y a la suspensión temporal, entra «con fuerza» en el mercado energético internacional, de acuerdo con el Gobierno, que espera un «impacto en los ingresos a mediano plazo».
Por su parte, el IIES considera que, si bien el levantamiento «tendrá un efecto positivo», este será «limitado, dadas las restricciones en la infraestructura y los servicios».
Zambrano considera que el alivio de sanciones da «un margen en el que se puede aumentar la producción» petrolera, que cerró septiembre en 762.000 barriles por día (bpd), en unos 150.000 bpd, «máximo unos 200.000 barriles».
Pero para «ir más allá», el levantamiento de medidas «no basta», aseguró el experto, para quien existe «un conjunto de factores» que limitan la «posibilidad de expandir» la producción.
La recuperación del sector petrolero requiere, además de «inversiones muy importantes, que hoy Pdvsa no tiene ninguna posibilidad de hacer», de capital humano, electricidad, vialidad, infraestructura de transporte y seguridad, aspectos en los que el país caribeño tiene fallas, a juicio del investigador.
«Hay unos límites. Aun en las mejores condiciones, tienes ese problema que hace que no puedas dar saltos gigantescos ni volver a los dos millones de barriles», aseguró Zambrano, quien recordó que las sanciones «aceleraron el proceso de deterioro» de la industria, que hace una década producía 2,78 millones de bpd.
Sin sanciones
La firma de análisis financiero Ecoanalítica calcula que la economía crecerá un 9,9 % el próximo año respecto a 2023 en un escenario sin sanciones, lo que supondría una «mayor producción petrolera», impulsada también por la «incorporación de otras» empresas energéticas, como la española Repsol y la italiana Eni.
Según dijo el economista Asdrúbal Oliveros, director de Ecoanalítica, la suspensión es «bastante amplia» y «prácticamente es una revocatoria de todas las sanciones que tenía el Gobierno», lo que «cambia el panorama de cara al año 2024».
Sin embargo, agregó, el «levantamiento no resuelve los problemas por sí solo», y Venezuela va a tener que «renegociar y negociar términos y condiciones con las petroleras».
Además, considera que un «tema clave» será «cómo el oficialismo resolverá el dilema de conceder garantías para una elección competitiva y operar sin sanciones, pero con una posibilidad de perder el poder».
Desde el lunes, el Ejecutivo y demás poderes el Estado mantienen una cruzada contra el proceso de primarias celebrado el domingo -al que ayer la Fiscalía abrió una investigación penal-, en el que participaron, según la comisión organizadora, 2,3 millones de venezolanos, entre los que se encuentran en el país y los exiliados, que votaron, de los cuales el 92,35 % eligieron a Machado.
El Gobierno, que llamó a EEUU a comenzar una «nueva etapa» en las relaciones, rotas en 2019, espera que la suspensión temporal sea el primer paso hacia un levantamiento «definitivo y sin condiciones» de las «medidas coercitivas unilaterales», pero no muestra intención de habilitar a los opositores inhabilitados.
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