Redacción Internacional.- La crisis en Bolivia tras la renuncia de Evo Morales a la Presidencia después de casi 14 años de mandato sigue dividiendo a la comunidad internacional este lunes entre quienes ya analizan acciones por lo que consideran un «golpe de Estado» y aquellos que claman por un rápido proceso electoral.
Tras semanas de protestas, Morales, cuyo paradero este lunes era una incógnita, renunció el domingo ante una recomendación de los militares después de que se publicara un informe de la OEA en el que se denunciaban graves irregularidades en los comicios del 20 de octubre, en los que fue reelegido para un cuarto mandato.
Países como Rusia, Siria, México, Venezuela y Nicaragua denunciaron inmediatamente un «golpe de Estado» contra Morales, mientras España cuestionó la intervención de las Fuerzas Armadas y la Policía.
«Esta intervención retrotrae a momentos ya pasados de la historia latinoamericana», recalcó el Gobierno español.
En contraposición, el presidente de EE.UU., Donald Trump, señaló que con la salida de Morales se «preserva la democracia» en Bolivia y advirtió que «estos acontecimientos lanzan una fuerte señal a los regímenes ilegítimos en Venezuela y Nicaragua».
LLAMADO A NUEVOS COMICIOS
El secretario general de la ONU, António Guterres, ha hecho un llamado «a todos los actores relevantes para que se comprometan a lograr una solución pacífica de la crisis actual y a garantizar elecciones transparentes y creíbles».
Naciones como Alemania también insistieron en una solución pacífica y otras como EE.UU., Guatemala y Perú apuntaron a un proceso de «transición» que permita convocar nuevos comicios.
«Con su dimisión, el presidente Morales ha despejado el camino hacia unas nuevas elecciones», subrayó el portavoz del Ejecutivo alemán, Steffen Seibert.
Con ese objetivo, la OEA, que abordará el tema este martes, solicitó que el Parlamento boliviano se reúna de «forma urgente» para nombrar nuevas autoridades que garanticen otro proceso electoral.
El papel de la OEA ha sido cuestionado por México, que solicitó la reunión del ente al criticar el «silencio del organismo» a pesar «de la gravedad de los acontecimientos».
Asimismo, la Unión Europea (UE) respaldó que el país celebre nuevas elecciones de forma pacífica y «creíbles que puedan permitir al pueblo de Bolivia expresar su voluntad democrática».
El mandatario de Paraguay, Mario Abdo Benítez, también dijo esperar una solución «de manera pacífica y dialogada», en tanto el Gobierno de Chile manifestó su preocupación por la «interrupción del proceso electoral para elegir democráticamente al presidente».
DENUNCIAS DE GOLPE
El venezolano Nicolás Maduro fue uno de los primeros gobernantes en calificar el hecho de «golpe» y llamó a los Gobiernos, líderes y movimientos políticos a solidarizarse con su aliado de la llamada revolución bolivariana, cuya vida dijo que «corre peligro».
En la misma línea, Siria condenó «enérgicamente el golpe militar en Bolivia» y expresó «su solidaridad con el legítimo presidente electo Evo Morales», según reportes de la agencia oficial SANA.
Rusia también aseguró que en Bolivia se siguió «un patrón de golpe de Estado» e instó a las fuerzas políticas del país a actuar «con sensatez» para hallar una salida constitucional a la crisis, mientras la comunidad internacional analiza medidas.
En ese sentido, el Gobierno ruso afirmó que el presidente Vladímir Putin abordará el tema con el mandatario brasileño, Jair Bolsonaro, en la cumbre de líderes del BRICS esta semana en Brasilia.
Como hizo el domingo Cuba, Nicaragua expresó su «rechazo y repudio» a estas «prácticas fascistas que ignoran la Constitución, leyes e institucionalidad que rigen la vida democrática de los pueblos».
Mientras el expresidente de Honduras Manuel Zelaya comparó la salida de Morales con el golpe que él sufrió en 2009, cuando fue derrocado y expulsado del país.
«La coacción de fuerzas militares contra Evo Morales ha sido parte claramente de un golpe de Estado inaceptable para nuestro continente», indicó por su parte el exmandatario paraguayo Fernando Lugo, destituido en un juicio parlamentario en 2012.
El Ejecutivo mexicano, al que Morales le aceptó hoy su ofrecimiento de asilo, considera también que hubo un golpe de Estado porque el Ejército pidió la renuncia del presidente «y eso violenta el orden constitucional».
Lo mismo apuntaron organismos como el Grupo de Puebla y la Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina y el Caribe (Copppal), que asegura que «hubo toda una trama que se estuvo gestando desde antes del proceso electoral para salir del Gobierno de Evo Morales».
La congresista demócrata Alexandria Ocasio-Cortez afirmó asimismo que «lo que está pasando en Bolivia en este momento no es democracia, es un golpe de Estado», posición que apoyó el expresidente uruguayo José Mujica (2010-2015).
El peronista Alberto Fernández, recién elegido como presidente de Argentina, también ha considerado que hubo un «quiebre institucional en Bolivia» y llamó al pueblo del país a «escoger cuanto antes, en elecciones libres e informadas, a su próximo Gobierno».
OTROS GOBIERNOS CREEN QUE NO HUBO GOLPE DE ESTADO
Sin embargo, el Gobierno saliente de Argentina, encabezado por el conservador Mauricio Macri, cree que no hay «elementos» para describir lo ocurrido en Bolivia como un «golpe de Estado».
En esto coincidió, el líder del Parlamento venezolano, Juan Guaidó, a quien más de 50 países reconocen como presidente encargado, quien afirmó que la renuncia de Morales es «la exigencia natural» de los bolivianos de un proceso electoral transparente.
El domingo, el gobernante de Brasil, Jair Bolsonaro, se había referido en el mismo sentido al asegurar que «la palabra golpe es usada mucho cuando la izquierda pierde. Cuando ellos ganan, es legítimo, pero cuando pierden es golpe».
Las protestas en Bolivia han dejado al menos tres muertos y más de cuatrocientos heridos en enfrentamientos entre seguidores de Morales y quienes temían que se perpetuara en el poder.
Tras la renuncia, los disturbios y saqueos se han mantenido, por lo que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) hizo un llamado al Estado a garantizar el respeto a los derechos humanos.
EFE
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