Luego de 34 días de hermetismo, la alcaldesa del municipio Jesús María Semprún, en el estado Zulia, se pronunció de manera oficial para informar sobre la detención y pase a investigación de cuatro funcionarios policiales, señalados como los presuntos responsables de propinarle una brutal e injustificada golpiza al adolescente Rafael José Lanziano Carrillo, de 16 años de edad, agresión que posteriormente le causó la muerte.
El trágico incidente se originó en la localidad de Casigua El Cubo, capital del mencionado municipio zuliano, durante un despliegue de seguridad. De acuerdo con los reportes del caso, los oficiales actuantes realizaban un operativo de rutina a bordo de sus unidades y decidieron estacionarse en una de las calles de la zona.
Fue en ese momento cuando Rafael José, quien era un joven con una condición especial, caminaba por el sector y se percató de que en el interior de una de las patrullas había un vaso. Sin aparente malicia debido a su condición, el menor se acercó y tomó el objeto. La acción provocó la inmediata y desproporcionada furia de los uniformados, quienes tras percatarse de lo ocurrido, sometieron al adolescente de forma violenta, lo subieron a la unidad policial y se lo llevaron del sitio.
Agonía y deceso
Fuentes allegadas al hecho denunciaron que, una vez bajo el poder de los uniformados, el menor de edad fue severamente golpeado en distintas partes del cuerpo. Tras ser liberado y presentar un cuadro de salud crítico, sus familiares lo trasladaron de urgencia a un Centro de Diagnóstico Integral (CDI) en el estado Zulia.
Sin embargo, debido a la extrema gravedad de los traumatismos internos provocados por los golpes de los uniformados, los médicos de guardia del CDI determinaron que requería atención de mayor complejidad, por lo que fue remitido de emergencia hacia la ciudad de San Cristóbal, en el estado Táchira.
A pesar de los intensos esfuerzos del equipo médico en la entidad andina por salvarle la vida, el organismo del adolescente no resistió las lesiones y falleció a los pocos días.
El pronunciamiento de la mandataria local confirma el inicio formal del proceso judicial contra los cuatro efectivos involucrados, quienes permanecen privados de libertad y bajo la orden del Ministerio Público para determinar las responsabilidades penales correspondientes por este presunto caso de violación de derechos humanos y homicidio calificado.
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