El Gobierno de Cuba ha dado un giro institucional trascendental al legitimar formalmente el uso de monedas extranjeras en las operaciones económicas internas, según un conjunto de disposiciones publicadas este jueves en la Gaceta Oficial.
Esta medida consolida la creciente tendencia a la dolarización impulsada por el propio Estado en un contexto de grave deterioro económico y fuertes desequilibrios monetarios en la isla.
El nuevo entramado legal —que incluye el decreto-ley 113, junto a resoluciones clave del Banco Central de Cuba (BCC) y el Ministerio de Economía— establece un sistema comprehensivo para la gestión y distribución de las divisas, aplicable a un amplio espectro de actores: desde empresas estatales y mipymes, hasta cooperativas y ciudadanos.
El objetivo declarado de este marco es centralizar el control estatal sobre la moneda extranjera con miras a «optimizar» su utilización, permitiendo que monedas distintas al peso cubano (CUP) sean utilizadas en transacciones de pago entre entidades económicas radicadas en la isla.
“El esquema abre la puerta a que otras divisas funcionen como medios de cobro y pago a nivel interno,” señaló Juana Lilia Delgado, ministra presidenta del BCC.En sintonía, el titular de Economía, Alonso Vázquez, aseguró que este marco “facilita las transacciones en moneda extranjera,” revirtiendo un mecanismo que había sido eliminado tras la «Tarea Ordenamiento» de 2021.
La sombra
La decisión se produce cinco años después de la reforma monetaria de 2021, la cual, lejos de unificar la dualidad cambiaria, agravó las distorsiones macroeconómicas de Cuba.
Aquella reforma resultó en el disparo del déficit fiscal, una inflación galopante, la pérdida de liquidez bancaria y, crucialmente, el florecimiento de un mercado informal de divisas con una tasa de cambio muy superior a la oficial. Desde entonces, el Producto Interno Bruto (PIB) cubano acumula una caída cercana al 11 por ciento.
A esto se suma la actual tensión financiera que vive la isla, con limitaciones a los retiros de efectivo en pesos y, más recientemente, restricciones de acceso a depósitos en divisas para embajadas y empresas extranjeras, generando un virtual “corralito” financiero desde 2023.
Control
A pesar de que las nuevas normativas hacen reiteradas referencias al tipo de cambio, no se incluyó la tan esperada actualización oficial de la tasa que el Ejecutivo había prometido anunciar antes de finalizar el año. Esta omisión mantiene una incertidumbre clave en la esfera económica.
En términos de implementación, el Ministerio de Economía asumirá la responsabilidad de determinar qué sectores estarán autorizados a realizar operaciones en moneda extranjera. Las directrices indican que se priorizarán estratégicamente las actividades vinculadas a la generación de ingresos en divisas, tales como exportaciones, producciones que sustituyan importaciones, y proyectos esenciales para el país.
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