Santiago de Chile.- La primera reunión de países del Acuerdo de Escazú, el gran pacto medioambiental de Latinoamérica y pionero en el mundo en salvaguardar a los ambientalistas, culminó este viernes con un evento de alto nivel en el que se reforzó la apuesta por la cooperación y por la protección de los defensores ambientales de la región.
Un año después de su entrada en vigor, los Estados miembros celebraron esta semana en la sede de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), en Santiago de Chile, la primera reunión de la Conferencia de las Partes (COP1) del pacto, cuyo nombre técnico es Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe.
Al cierre de la cita, la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, subrayó que, «ante los daños e injusticias ambientales, instrumentos jurídicos como el Acuerdo de Escazú son una de las herramientas más eficaces para que los Estados cumplan con su responsabilidad de cuidar el planeta y los derechos de las personas”.
En el marco de la cumbre, Bachelet participó este viernes en un evento de alto nivel por el primer aniversario de la entrada en vigor del acuerdo y del Día Internacional de la Madre Tierra, que se conmemoran hoy.
«El Acuerdo de Escazú es sin duda un hito porque los protagonistas son las personas defensoras. Podríamos resumir el espíritu de Escazú diciendo que si queremos defender el ambiente debemos iniciar por proteger a quienes lo defienden. Sin embargo, según datos de nuestra oficina, tres de cada cuatro asesinatos de personas defensoras de la Tierra y el medioambiente ocurren actualmente en América Latina y el Caribe”, agregó.
DECLARACIÓN POLÍTICA
Al terminar el encuentro, los Estados participantes emitieron una «Declaración Política» en la que se destaca que el acuerdo es un mecanismo esencial de «gobernanza para la elaboración de mejores políticas públicas en la región, con miras a asegurar un medio ambiente sano para las generaciones presentes y futuras».
De igual forma, enfatiza la necesidad de diseñar estrategias de recuperación económica y social frente a la pandemia que tenga la sostenibilidad como elemento central, guiándose por un «objetivo de desarrollo más inclusivo, de aceleración de la aplicación de las medidas de protección ambiental y una mayor acción climática».
Los asistentes destacaron también el papel de los derechos de acceso a la información, a la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales; y de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y de todos los Objetivos de Desarrollo Sostenible como hojas de ruta fundamentales.
LA REGIÓN MÁS VULNERABLE
Pese a que Latinoamérica contribuye solo con el 9 % de las emisiones globales, es una de las regiones más vulnerables a los efectos de la crisis climática y es también la zona más peligrosa del mundo para los defensores ambientales y donde existe una mayor impunidad.
El año 2020 fue el más mortífero para los ambientalistas desde que hay registros y tres de cada cuatro ataques sucedieron en la región, según el último informe de la ONG Global Witness, en el que Colombia y México lideran las estadísticas.
“No hay nada que celebrar después de cinco años de haber declarado el Día Internacional de la Madre Tierra. La humanidad y el planeta han llegado a un punto de no retorno”, señaló en la reunión el ecuatoriano Nadino Calapucha, miembro de la Coordinadora de la Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA), al pedir un minuto de silencio por los activistas asesinados en la región por proteger la naturaleza.
«Muchos hablan de crisis climática, crisis económica, pero también hay que ser realistas de que hay una crisis social, hay una crisis de humanidad, una crisis civilizatoria. Y hoy tenemos que comprometernos a cambiar esa historia», añadió.
Durante el encuentro, que comenzó el pasado miércoles, autoridades y defensores ambientales insistieron a los Gobiernos de la región en unirse con «urgencia» al acuerdo.
De los 24 países que lo firmaron, solo 12 lo han ratificado, entre ellos Antigua y Barbuda, Argentina, Bolivia, Ecuador, Guyana, México, Nicaragua, Panamá, San Vicente y las Granadinas, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía y Uruguay.
Además de proteger a los ecologistas, la alianza busca garantizar la mejor aplicación de políticas ecológicas, garantizar los derechos ambientales y salvaguardar la biodiversidad en tiempos de emergencia climática.
En la cita de esta semana participaron más de 780 delegados de países, organismos internacionales y regionales, panelistas y representantes de la sociedad civil, tanto a nivel presencial como telemático.
EFE
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