Fotografía de archivo en la que se registró al presidente electo de Ecuador, Daniel Noboa, en Quito (Ecuador). EFE/José Jácome

El presidente electo de Ecuador, Daniel Noboa, hizo el primer cambio dentro de los integrantes de su Gobierno antes incluso de asumir el cargo en una ceremonia que tendrá lugar el próximo jueves 23 de noviembre en Quito.

En un mensaje publicado en redes sociales, Noboa anunció la designación de Roberto Izurieta para ocupar el cargo de secretario de Comunicación de la Presidencia, un puesto donde inicialmente había anunciado a Iván Carmigniani, quien fue parte de la campaña electoral y del equipo de traspaso de la administración.

El joven empresario, de 35 años, señaló que Izurieta es «estratega y especialista en el desarrollo del mensaje público y político».

«Ha sido comentarista y analista político para la cadena ‘CNN En Español’, y nos ha representado como embajador en el país de Chile. Confío plenamente en su experiencia y sus habilidades», apuntó Noboa.

Ocho ministro

Hasta ahora Noboa ha revelado públicamente la designación de ocho ministros, entre ellos Gabriela Sommerfeld, en Relaciones Exteriores; Sonsoles García, en Industrias, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca; Roberto Luque, en Transporte y Obras Públicas, y Franklin Palacios, en Agricultura y Ganadería.

También a Sariha Moya en Economía y Finanzas; Andrés Guschmer en Deporte; Andrea Arrobo en Energía y Minas y Sade Fritschi en Ambiente.

El Gobierno de Noboa se caracterizará sobre todo por la juventud, pues varias de sus ministras tienen entre 26 y 36 años.

De momento aún no ha confirmado públicamente quiénes estarán a cargo de las carteras de Interior, Gobierno y Defensa Nacional, las tres que verán más de cerca el desafío de reducir la inseguridad ciudadana y la ola de violencia sin precedentes en la que se encuentra Ecuador, atribuida principalmente a las mafias del crimen organizado y el narcotráfico.

Noboa tendrá un corto mandato de apenas dieciséis meses para completar el periodo 2021-2025, interrumpido por el actual mandatario, Guillermo Lasso, al aplicar en mayo pasado el mecanismo constitucional de la «muerte cruzada».

Con esa figura, Lasso forzó la convocatoria extraordinaria de elecciones generales al disolver la Asamblea Nacional (Parlamento) al acusarle de obstrucción, cuando esta, controlada por la oposición que lideraba el correísmo, se disponía a poner a voto su destitución, como último paso de un juicio político en el que le acusaban de presunto peculado (malversación).

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