El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, sancionó este jueves una iniciativa de Ley que clausura y decomisa los bienes de la Cruz Roja Nicaragüense, una organización humanitaria que funcionaba desde 1931 tras un terremoto que sacudió Managua.
A través de un acuerdo presidencial publicado este jueves en el Diario Oficial, La Gaceta, Ortega hizo saber a los nicaragüenses que la Asamblea Nacional (Parlamento), controlado por el oficialismo, derogó en la víspera con carácter urgente un decreto legislativo de 1958 mediante el cual se creó legalmente la Cruz Roja Nicaragüense.
Ortega también dio su visto bueno para la creación de una nueva «Cruz Roja Nicaragüense», adscrita al Ministerio de Salud, y que todo el patrimonio, bienes y acciones que a la fecha pertenezcan a la Cruz Roja Nicaragüense pasarán a ser propiedad del Estado, y serán administrados por la nueva organización humanitaria estatal.
El Parlamento nicaragüense aprobó el miércoles con carácter urgente una iniciativa de Ley que deroga el decreto de creación de la Cruz Roja Nicaragüense y ordena traspasar sus bienes al Estado.
La decisión fue tomada por los diputados sandinistas y sus aliados, que acusaron a la Cruz Roja Nicaragüense de haber actuado en contra de sus principios en las manifestaciones antigubernamentales que estallaron hace cinco años, en la que brindaron auxilio a miles de heridos.
«En los actos acontecidos en el año 2018 que atentaron contra la paz y estabilidad de la nación, algunas filiales de esa Asociación (Cruz Roja Nicaragüense) actuaron en contra de estos principios», de humanidad, imparcialidad y neutralidad, «y de su Acta Constitutiva y Estatutos», señalaron los diputados sandinistas en la exposición de motivos para cerrar la organización humanitaria.
Y la misma Asociación Cruz Roja Nicaragüense «trasgredió las leyes del país al desentenderse y hasta apoyar este actuar de sus filiales», sostuvieron.
ONG HAN CONDENADO CIERRE DE LA CRUZ ROJA
Hasta ahora, la Cruz Roja Nicaragüense, que se rige bajo los principios de Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, y que cuenta con edificios, propiedades y vehículos en los diferentes municipios de Nicaragua, aún no se ha pronunciado sobre esa ley.
Los organismos humanitarios nicaragüenses han condenado el cierre de la Cruz Roja por atender a miles de heridos en las protestas de 2018, y que el Estado haya utilizado «su política confiscatoria para quitarle propiedades y equipos».
En abril de 2018 miles de nicaragüenses salieron a las calles a protestar por unas controvertidas reformas a la seguridad social, que luego se convirtieron en una exigencia de renuncia de Ortega tras responder con la fuerza.
Las protestas dejaron al menos 355 muertos según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), aunque organismos nicaragüenses elevan la cifra a 684, mientras que Ortega reconoce que fueron «más de 300» y mantiene que se trató de un intento de golpe de Estado.
Nicaragua atraviesa una crisis política y social desde abril de 2018, que se ha acentuado tras las controvertidas elecciones generales del 7 de noviembre de 2021, en las que Ortega fue reelegido para un quinto mandato, cuarto consecutivo y segundo junto a su esposa Rosario Murillo como vicepresidenta, con sus principales contendientes en prisión.
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