Managua.- El Gobierno de Nicaragua embargó el Canal 12 de televisión, por un monto de 21 millones de córdobas (607,990 dólares), solicitados por la Dirección General de Ingresos (DGI), informó este sábado Nicavisión S.A., empresa que opera el medio de comunicación y que calificó la medida de «arbitraria e ilegal», en medio de la crisis sociopolítica que vive el país.
«Nicavisión S.A., empresa operadora de Canal 12, comunica (…) que el día 11 de septiembre de 2020 se presentó en nuestra oficina y estudios centrales el juez Luden Martí Quiroz García, juez Tercero de Ejecución y Embargos del Municipio de Managua, a realizar un embargo sobre los bienes de nuestra empresa, Nicavisón S.A., por 21 millones de córdobas, a solicitud de la DGI», detalló la televisora, en un comunicado.
Según Nicavisión, el embargo, presentado por la procuradora Auxiliar de Finanzas, Marlen Isabel Ramírez Laguna, es «producto de un reparo arbitrario e ilegal sobre nuestras declaraciones de Impuesto sobre la Renta de los años 2011-2012, y 2012-2013».
La empresa denunció que «el juez Quiroz embargó además la totalidad de los bienes personales de nuestro administrador, Mariano Valle Peters».
El embargo al Canal 12 es el segundo que realiza el Gobierno del presidente Daniel Ortega contra una televisora de señal abierta, ya que en diciembre de 2018 hizo lo mismo al Canal 100 % Noticias, actualmente en poder de la Policía Nacional.
RECHAZO A EMBARGO
La decisión del Gobierno sobre el Canal 12, que este sábado continuaba con su programación normal, fue criticada por diversos sectores en Nicaragua, que recordaron acciones similares contra medios como Esta Semana, Confidencial, y Esta Noche.
El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) repudió «enérgicamente el embargo orientado por el régimen Ortega Murillo, en contra de Canal 12 Nicaragua. Este hecho evidencia que todo el aparato estatal es criminal, y que hace uso de las políticas fiscales para reprimir y silenciar a las voces independientes», declaró el organismo no gubernamental.
«Cenidh advierte también que esta acción perversa atenta contra la libertad de prensa y expresión. Exigimos al régimen desista en su estrategia de intimidar a periodistas y destruir a medios de comunicación independientes», agregó.
El Centro de Investigaciones de la Comunicación condenó el «ataque» contra el Canal 12, e indicó que «el régimen Ortega Murillo continúa atentando contra la libertad de prensa: han desatado acoso fiscal, imponiendo excesivos cobros de impuestos para callar al periodismo independiente».
El opositor Movimiento Renovador Sandinista (MRS), que está en proceso de eliminar la última palabra de su nombre para no ser relacionado con Ortega, se sumó a las condenas, aduciendo que la decisión gubernamental sobre el Canal 12 es «con el pretexto de cobrar una falsa deuda fiscal».
«Se ha lanzado contra Canal 12, con fines claramente confiscatorios y con el objetivo de sacarlo del aire, de liquidar la labor informativa y recreativa del canal. Así, la dictadura de los Ortega Murillo pretende silenciar a los medios de comunicación y a periodistas», indicó.
ATAQUES A LA PRENSA
Las acciones del Gobierno de Ortega contra los medios de comunicación ocurre en un contexto de crisis sociopolítica, en la que el presidente es señalado por opositores y organizaciones defensoras de los derechos humanos, nacionales e internacionales, como principal responsable de la muerte de cientos de opositores, así como crímenes «de lesa humanidad».
Datos de la no gubernamental Fundación Violeta Barrios de Chamorro indican que los ataques contra periodistas y medios independientes, que se incrementaron luego de las protestas masivas contra Ortega en abril de 2018, recrudecieron desde julio pasado, cuando se registraron 30 en un mes, una cantidad superior comparada con los 52 reportados en los tres meses anteriores.
Por su parte, el movimiento Periodistas y Comunicadores Independientes de Nicaragua (PCIN), reportó 351 delitos contra la libertad de prensa y acceso a la información, entre marzo y julio pasados.
La prensa independiente no vivía una crisis similar desde la primera época de Ortega como presidente de Nicaragua, que se extendió de 1979 a 1990. EFE
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