El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, sepultó explícitamente cualquier posibilidad de alternancia democrática en el país, durante el acto conmemorativo del 47.º aniversario de la revolución sandinista en Managua, indicando que su régimen no permitirá procesos electorales que pongan en riesgo el control del oficialismo.
«Que se olviden: aquí no volverá a haber elecciones para que por allí intenten ellos atrapar el Gobierno, atrapar el poder», enfatizó Ortega ante la multitud, acusando a la oposición en el exilio de estar «agazapada» y de buscar el control estatal para enriquecerse.
Nuevas leyes para un blindaje total
Para concretar este bloqueo, el mandatario adelantó que trabajará junto a la Asamblea Nacional —controlada por el oficialismo— en la creación de nuevas leyes que impidan la participación opositora.
«Vamos a trabajar con el Parlamento y las organizaciones correspondientes las leyes para que le pongan un muro, un bloque, a los golpistas y a los vendepatrias. Por mucha plata que les den los yanquis, no podrán», afirmó.
Consolidación del poder familiar y reformas constitucionales
Ortega, un exguerrillero sandinista de 80 años, gobierna Nicaragua desde 2007. Diversos sectores han marcado su gestión con denuncias de fraudes electorales y la erradicación sistemática de la competencia política.
Desde 2017 comparte el poder con su esposa, Rosario Murillo, nombrada «copresidenta» en febrero de 2025 mediante una profunda reforma constitucional.
Dicha enmienda transformó la estructura del Estado nicaragüense al eliminar la división de poderes, pasando a coordinar a los demás órganos estatales; al ampliar el mandato presidencial, Ortega aumentó el periodo de cinco a seis años (postergando las elecciones generales en teoría hasta noviembre de 2027) y legalizar la apatridia, que permite despojar de la nacionalidad a los críticos del régimen.
La consolidación de este modelo absolutista ha generado duras condenas por parte de la ONU, la OEA, el Parlamento Europeo y Estados Unidos.
El Departamento de Estado de EEUU señaló que Murillo inventó la figura de la copresidencia «sin elecciones, sin mandato y sin legitimidad», acusando a la pareja presidencial de negar cobardemente el derecho al voto al pueblo nicaragüense por saber que no podrían ganar en un proceso libre y democrático.
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