Este fin de semana, el estado Táchira se convirtió en el epicentro de un movimiento de resistencia civil que busca reactivar la movilización ciudadana en todo el país. Representantes de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), Voluntad Popular y activistas de derechos humanos se congregaron en San Cristóbal para consolidar un bloque de acción orientado a la defensa del voto y la libertad plena de los detenidos por motivos de conciencia.
El encuentro, celebrado en la sede del Colegio de Ingenieros, destacó por la unificación de agendas entre el occidente y el sur de Venezuela. La plataforma unitaria anunció el despliegue inmediato de sus «Redes Populares», estructuras que funcionarán mediante asambleas cívicas y auditorías técnicas de los centros de votación. El objetivo es claro: preparar a la sociedad civil para los retos electorales inmediatos y sacudir el letargo político mediante la asistencia comunitaria directa.
El testimonio de la dirigencia obrera
Daniel Romero, dirigente sindical del sector siderúrgico y expreso político en régimen de presentación, representó la voz del estado Bolívar en el evento. Tras haber compartido reclusión con figuras como Javier Tarazona y Freddy Superlano en El Rodeo I, Romero enfatizó que la libertad de pensamiento es la base de cualquier democracia funcional. El líder metalúrgico ratificó el respaldo de las bases obreras a la conducción de María Corina Machado y vinculó la recuperación económica del país con la restitución de la dignidad laboral y civil.
Denuncia de obstrucción judicial y administrativa
Uno de los puntos más críticos del encuentro fue la denuncia del «silencio administrativo» que impera en el sistema de justicia. Los ponentes advirtieron que, por primera vez en la historia contemporánea del país, se está bloqueando la aplicación de una Ley de Amnistía en pleno derecho. Esta opacidad judicial mantiene en un limbo a más de mil ciudadanos, impidiendo que los beneficios procesales se traduzcan en libertad efectiva para quienes ya cumplen con los requisitos legales.
Irregularidades en El Rodeo I y el caso De Grazia
Como evidencia de la crisis penitenciaria, se expuso la situación de los hermanos Carmelo y Daniel De Grazia. A pesar de contar con una medida humanitaria de arresto domiciliario dictada por el Juzgado Primero de Juicio, la dirección del penal El Rodeo I mantiene un bloqueo ilegal que impide su excarcelación. Los familiares calificaron este retraso como una arbitrariedad que atenta contra la vida de los detenidos y desafía las órdenes de los tribunales competentes.
Alarma por muertes bajo custodia estatal
La jornada también sirvió para honrar la memoria de Víctor Hugo Quero Navas, comerciante del estado Bolívar fallecido recientemente en condiciones no esclarecidas mientras estaba bajo responsabilidad del Estado. Este hecho, que ha provocado vigilias y protestas en el sur del país, fue citado como la prueba definitiva de la desprotección total en las cárceles venezolanas. El frente opositor insistió en que la unidad y la organización comunitaria son las únicas vías para detener lo que calificaron como un «calvario carcelario» para cientos de familias.
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