El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, ordenó este jueves una revisión exhaustiva de los esquemas de protección asignados por el Estado con el fin de retirar de manera inmediata aquellos que carezcan de sustento técnico o justificación de riesgo, en el marco del programa de austeridad para el saneamiento de las finanzas públicas.
«No acepto que haya un solo esquema de seguridad otorgado sin fundamento, sin importar quién sea el beneficiario», aseveró el jefe de Estado durante una visita institucional al Ministerio del Interior, organismo del cual depende la Unidad Nacional de Protección (UNP), entidad responsable de evaluar vulnerabilidades y asignar escoltas, vehículos blindados y logística de resguardo.
Críticas a la asignación de recursos y compromiso institucional
Durante su intervención, De la Espriella sostuvo que las funciones originales de la UNP se han distorsionado con los años, cuestionando que se otorguen medidas de seguridad a personas tras denunciar presuntas amenazas sin la debida verificación de los niveles de peligro. El mandatario calificó de «vagabundería» la proliferación de esquemas injustificados y subrayó la necesidad de recortar erogaciones superfluas en el Presupuesto General de la Nación.
Pese a los recortes anunciados, el presidente garantizó que el Estado mantendrá la protección estricta a favor de líderes sociales, defensores de derechos humanos, periodistas y actores políticos que mantengan una amenaza real demostrada. «Cuando se trata de proteger a los colombianos no hay ideología ni partido. Es una obligación del Estado», enfatizó, asegurando imparcialidad en la evaluación de las asignaciones.
Transparencia administrativa y relación con el Congreso
Adicionalmente, el Ejecutivo instó a la cartera del Interior y sus entidades adscritas a eliminar cualquier gasto superfluo en su funcionamiento interno, al tiempo que lanzó una advertencia sobre la relación del Gobierno con el Congreso de la República, señalando que no se tolerará la negociación de contratos, cargos o partidas presupuestarias a cambio de respaldo legislativo.
Aunque la Casa de Nariño no precisó el número exacto de esquemas que proyecta desmantelar ni la cifra de ahorro que supondrá la medida, las autoridades indicaron que los peritajes de riesgo comenzarán de forma inmediata en todo el territorio nacional.
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