La Defensoría del Pueblo de Venezuela dio inicio formal este miércoles a una mesa de trabajo conjunta con la organización no gubernamental Alianza por la Libertad de los Presos Políticos, con el objetivo de evaluar el estatus de los privados de libertad en el país.
A través de sus canales oficiales, la institución gubernamental señaló: «Instalamos la mesa técnica junto a la Alianza por la Libertad de los Presos Políticos, un espacio de diálogo institucional donde escuchamos a los familiares y verificamos caso por caso la situación de quienes se encuentran privados de libertad». Por su parte, la ONG confirmó la apertura de este espacio técnico, en seguimiento a las gestiones realizadas el pasado 11 de agosto cuando hicieron entrega formal del listado de detenidos.
Compromiso de revisión individual
Tras la recepción del listado, la defensora del pueblo, Eglée González Lobato, manifestó la disposición del despacho para evaluar cada expediente de forma personalizada. González Lobato aseguró que se realizarán «las gestiones institucionales que correspondan, dentro del ámbito de sus competencias, para contribuir a la protección efectiva de los derechos humanos y al debido proceso».
Incertidumbre sobre los balances oficiales de excarcelaciones
La puesta en marcha de este mecanismo defensorial se produce días después de que el Gobierno nacional anunciara 131 excarcelaciones de detenidos. Pese al anuncio, agrupaciones de derechos humanos y líderes opositores expresaron cautela ante los balances oficiales. Organizaciones de referencia en el área jurídica, como el Foro Penal, indicaron que no ha sido posible corroborar la totalidad de las medidas otorgadas.
Al respecto, voceros del Comité por la Libertad de los Presos Políticos afirmaron el pasado sábado que «desde enero se repite el mismo patrón: se anuncian cifras que, al momento de su difusión, no pueden ser corroboradas independientemente».
Panorama político y medidas aprobadas
El flujo de liberaciones se enmarca en la coyuntura política posterior a los acontecimientos del pasado mes de enero, cuando se produjo la captura de Nicolás Maduro durante un ataque militar estadounidense en Caracas, tras lo cual asumió el Gobierno la presidenta encargada, Delcy Rodríguez.
Desde entonces, el Parlamento aprobó una Ley de Amnistía orientada a beneficiar a personas vinculadas a causas políticas de los últimos 27 años —medida que alcanzó a más de 8.000 ciudadanos, la mayoría bajo régimen de libertad restringida—. De acuerdo con los registros del Foro Penal, desde enero hasta el 13 de junio se habían contabilizado 894 excarcelaciones confirmadas.
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