Al menos 118 feminicidios fueron cometidos en Colombia entre el 1 de enero y el 30 de septiembre pasado, según informó este domingo la Defensoría del Pueblo. El informe del organismo precisa que, además de estos crímenes consumados, en el mismo periodo se registraron 91 tentativas de feminicidio y 25 transfeminicidios a nivel nacional.
El organismo advirtió que «la Amazonía y la Orinoquía concentran las tasas más altas de delitos sexuales» del país, evidenciando marcadas disparidades en las dinámicas de violencia según la ubicación geográfica.
Riesgos diferenciados en zonas de frontera y región Andina
«Departamentos de frontera como Norte de Santander, Arauca, Putumayo y Nariño figuran en los registros de trata de personas y feminicidio. En Bogotá, Boyacá y Tolima (en la región Andina) se reportan las tasas más altas de violencia intrafamiliar», precisó la Defensoría.
En lo corrido del año, un total de 75.708 mujeres han sido víctimas de violencia intrafamiliar en todo el territorio nacional. De este universo, 62.792 corresponden a mujeres mayores de edad y 9.611 a niñas y adolescentes.
Asimismo, la entidad registró que 619 personas con orientación sexual e identidad de género diversas (Osignh-LBT) sufrieron agresiones en sus entornos familiares.
Alarmante impacto de los delitos sexuales en menores
En materia de violencia sexual, el balance oficial contabiliza 21.723 casos en los primeros nueve meses. Las cifras revelan un impacto desproporcionado sobre la infancia y la juventud: 16.450 de las víctimas fueron niñas y adolescentes, mientras que 4.719 casos corresponden a mujeres mayores de 18 años y 250 a personas del colectivo LBT.
Por otra parte, el reporte alertó sobre 215 casos de explotación sexual que afectaron directamente a niñas y adolescentes, así como 183 mujeres víctimas del delito de trata de personas en el país.
Ante la magnitud de los datos presentados, la Defensoría del Pueblo enfatizó la necesidad imperiosa de adecuar las políticas públicas de protección a la realidad de cada región.
«Cada territorio requiere una estrategia de prevención ajustada a sus riesgos. Por una vida libre de violencia para todas las personas que habitan Colombia», concluyó la institución.
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