La Defensoría del Pueblo de Venezuela informó que este miércoles 12 de agosto establecerá una mesa técnica de trabajo junto a la ONG Alianza para la Libertad de los Presos Políticos, con el objetivo de «profundizar la revisión y el seguimiento individualizado de los casos presentados por esta organización».
La medida surge tras la solicitud formal realizada por los activistas de la ONG, quienes requirieron la «mediación y actuación» del organismo en asuntos prioritarios como el acceso a la atención médica oportuna, el cese del retardo procesal, el mantenimiento de condiciones de detención dignas y el respeto general a los derechos humanos.
«Entregamos la lista de todos los presos políticos y se quedó en acuerdo para la instalación de una mesa técnica con familiares», confirmó la organización defensora de derechos humanos tras formalizar la entrega de expedientes.
Entre los planteamientos presentados destaca la solicitud de revisión integral de la situación jurídica de los privados de libertad por razones políticas, cifra que la ONG Foro Penal ubica en 382 personas. Mientras el Ejecutivo sostiene que los procesados incurrieron en delitos comunes, partidos de oposición y organizaciones no gubernamentales rechazan dichos señalamientos.
Compromiso institucional y apertura
Por su parte, la defensora del pueblo, Eglée González Lobato, aseveró que su despacho mantiene una política de recepción abierta para atender las denuncias y peticiones formuladas por la sociedad civil en el marco de sus atribuciones legales.
González Lobato ratificó la disposición del organismo a evaluar cada expediente de forma particularizada y adelantar las gestiones interinstitucionales que correspondan ante los órganos competentes, a fin de velar por el debido proceso y las garantías constitucionales de los detenidos.
Exigencia de inspección internacional
El anuncio de la Defensoría ocurre días después de que activistas del Comité por la Libertad de los Presos Políticos (CLIPP) acudieran a la sede de la Cancillería en Caracas para elevar un petitorio de cinco puntos.
Entre las peticiones principales enviadas al Ministerio de Relaciones Exteriores destaca la formalización de invitaciones e instrumentos necesarios para permitir la visita al país de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y de la Misión Internacional Independiente de la ONU.
Asimismo, el CLIPP solicitó autorizar el acceso regular del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) a los centros de detención del país, con el propósito de evaluar de manera imparcial las condiciones de salubridad, integridad física, nutrición y asistencia médica de la población reclusa.
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