La Defensoría del Pueblo de Colombia pidió este lunes a los candidatos a las elecciones presidenciales del próximo 31 de mayo que asuman una agenda de «decisiones impostergables» en materia de derechos humanos, al advertir que persisten crisis estructurales en el país que «no admiten más aplazamientos».
«Se trata de unas mínimas e ineludibles exigencias relacionadas con asuntos que no admiten aplazamiento sin comprometer gravemente la protección efectiva de los derechos humanos», señaló la defensora del Pueblo, Iris Marín, durante una rueda de prensa en Bogotá, a menos de dos meses de los comicios.
La entidad presentó un documento con cuatro frentes críticos: desigualdad, paz y seguridad, medio ambiente y transformación rural, y advirtió que Colombia sigue marcado por la violencia, las brechas sociales profundas y la debilidad institucional en varias regiones.
En el frente de desigualdad, la Defensoría alertó que la pobreza, la informalidad y la exclusión afectan de manera desproporcionada a comunidades rurales, pueblos étnicos, mujeres y jóvenes, y pidió, entre otras medidas, una reforma integral al sistema de salud. «La desigualdad persiste como un problema estructural que limita el goce efectivo de los derechos humanos», sostuvo Marín.
FARC
En materia de paz y seguridad, el organismo recordó que, pese al acuerdo de paz firmado en 2016 entre el Gobierno y las antiguas FARC, las dinámicas del conflicto armado continúan activas y se han transformado en grupos «crecientes, transnacionales y altamente organizados». Cifras de la Defensoría indican que en 2025 se registraron 257 casos de reclutamiento de menores, 78 masacres con 276 víctimas y más de 107.000 personas desplazadas, lo que evidencia un «cuadro humanitario crítico».
La entidad también denunció la falta de recursos para implementar el sistema de justicia transicional y atender a más de 10 millones de víctimas del conflicto, cuya reparación, advirtió, no ha sido priorizada.
En el ámbito ambiental, la Defensoría alertó sobre la relación entre la degradación de los ecosistemas y la vulneración de derechos humanos, en especial por la deforestación, la minería ilegal y el cambio climático. Finalmente, en materia rural, insistió en la necesidad de avanzar en la implementación de la reforma agraria y cerrar las brechas de acceso a la tierra, al considerar que siguen siendo una fuente de desigualdad y conflictividad.
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