La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, condecoró al equipo que representó al país ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) en la defensa del Esequibo, un territorio rico en hidrocarburos y minerales en disputa con Guyana.
«La Guayana Esequiba pertenece exclusivamente a Venezuela. Nunca ha habido otro titular que no sea Venezuela», afirmó la mandataria encargada, en una transmisión del canal estatal Venezolana de Televisión (VTV) desde el Palacio de Miraflores, sede del Ejecutivo.
Rodríguez reiteró que Venezuela no reconocerá la decisión de la CIJ -que determinará la validez del Laudo Arbitral de 1899, que fijó la frontera venezolana con la entonces Guayana Británica- al considerar que «no son competentes ni tienen jurisdicción en esta controversia».
«No podemos reconocer porque estaríamos invalidando el Acuerdo de Ginebra», subrayó en referencia al instrumento jurídico suscrito en 1966 entre Venezuela y Reino Unido, y que la líder chavista considera como el «único que existe» para dirimir la disputa territorial.
Rodríguez condecoró, entre otros, al canciller venezolano, Yván Gil; al fiscal general, Larry Devoe; a la procuradora general de la República, Arianny Seijo, y a Antonio Remiro Brotóns, profesor emérito de derecho internacional público en la Universidad Autónoma de Madrid.
Audiencias orales sobre el conflicto por el Esequibo
El pasado 11 de mayo concluyeron las audiencias orales en las que ambos países presentaron sus argumentos sobre la disputa territorial, por lo que quedarían pendientes las deliberaciones del tribunal y la emisión de la sentencia definitiva.
La controversia gira en torno a la región del Esequibo, un territorio de unos 160.000 kilómetros cuadrados que representa cerca de dos tercios del actual territorio de Guyana.
Esta zona, bajo administración guyanesa desde hace más de un siglo, es reclamada por Caracas como parte de su territorio.
El litigio se remonta a marzo de 2018, cuando Guyana presentó una demanda ante la CIJ, máximo tribunal de Naciones Unidas, para que declare la «validez jurídica y el efecto vinculante» del Laudo Arbitral de 1899, así como el carácter definitivo de la delimitación fronteriza.
Caracas declaró la nulidad del laudo en 1962, al considerar que estuvo rodeado de supuestas irregularidades.
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