La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, firmó este miércoles la Ley Orgánica para la Celeridad y Optimización de Trámites Administrativos, una normativa que busca desmantelar la burocracia estatal mediante la simplificación de procesos y el uso de nuevas tecnologías. En paralelo, la mandataria anunció la creación inmediata de un Consejo Nacional de Economía con el objetivo de redactar un nuevo modelo tributario para el país.
Durante una transmisión por el canal estatal VTV, Rodríguez hizo un llamado a todos los sectores productivos para construir un esquema de impuestos más eficiente y consensuado. El anuncio surge en un momento crítico para el sector privado; diversos gremios han denunciado que la «voracidad fiscal» obliga a las empresas formales a destinar, en promedio, el 80 % de sus utilidades al pago de tributos, comprometiendo su operatividad.
«Espero que de este consejo nacional de economía pueda salir un nuevo modelo tributario de consenso entre todos los sectores económicos del país», señaló la presidenta encargada, subrayando la necesidad de digitalizar los sistemas de recaudación.
Fin a los trámites «inútiles»
La nueva Ley de Celeridad, aprobada unánimemente por el Parlamento el pasado 26 de marzo, otorga facultades al Ejecutivo para eliminar requisitos redundantes, impertinentes o complejos que obstaculizan la actividad económica y civil.
La norma establece las siguientes obligaciones para los entes estatales:
Digitalización obligatoria: Incorporar plataformas tecnológicas para agilizar gestiones.
Unidades de enlace: Cada organismo debe designar una unidad responsable de coordinar datos con otras instituciones para evitar que el ciudadano deba consignar los mismos requisitos varias veces.
Eficiencia institucional: Superar los procedimientos burocráticos que han caracterizado la administración pública en los últimos años.
Reformas
Este paquete de medidas forma parte de la agenda legislativa presentada por Rodríguez en enero, tras los cambios políticos que atraviesa el país. Se suma a la reciente reforma de la Ley de Hidrocarburos, la cual marcó un hito al abrir formalmente el sector energético a la inversión privada y extranjera. Con estas acciones, el Gobierno busca proyectar una imagen de modernización estatal y mayor apertura económica en medio del proceso de transición.
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