Fotografía de archivo del exdiputado Biagio Pilieri. EFE/ Ronald Peña

El partido político venezolano Convergencia denunció este jueves que funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) allanaron la residencia de su coordinador, Biagio Pilieri, quien fue detenido el miércoles luego de participar en una protesta, en Caracas, en contra del resultado oficial de los comicios presidenciales del 28 de julio.

A través de la red social X, la formación indicó que a las 09:27 hora local (13:27 GMT) funcionarios del Sebin empezaron el allanamiento en la casa de Pilieri, ubicada en el estado Yaracuy (oeste), sin ofrecer mayores detalles del operativo.

«Exigimos que pare la persecución política», añadió Convergencia.

Igualmente, el Comité de Derechos Humanos del partido Vente Venezuela (VV), liderado por la opositora María Corina Machado, alertó a la comunidad internacional sobre «la ola represiva desatada durante las últimas horas».

Pilieri fue detenido el miércoles, junto a su hijo Jesús, tras participar en una protesta en rechazo al fallo del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que convalidó la controvertida reelección de Nicolás Maduro en las presidenciales, según denunciaron opositores en X.

El antichavismo indicó que el exdiputado fue capturado luego de que presuntamente dos vehículos y tres motos lo persiguieran por la capital venezolana.

Edmundo González

El Comando con Venezuela -equipo de campaña del abanderado de la coalición mayoritaria, Edmundo González Urrutia,- aseguró que, según la última ubicación de su teléfono, Pilieri fue detenido y trasladado a la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin), en Caracas, conocido como el Helicoide.

El miércoles, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) denunció un aumento de la «represión» en Venezuela, posterior a las presidenciales, cuyo resultado oficial fue cuestionado por gran parte de la comunidad internacional.

La CIDH presentó un informe ante un Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) en el que advierte sobre un «uso arbitrario de la fuerza», así como detenciones que incluyen a menores de edad.

Según cifras oficiales, más de 2.400 personas han sido detenidas desde el 29 de julio -algunas en manifestaciones y otras en operativos policiales- y 25 fueron asesinadas en hechos de violencia que el Gobierno atribuye a la oposición, mientras que el antichavismo culpa a las fuerzas de seguridad del Estado.

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