El abogado José Gregorio Beria, pidió que sean investigados los funcionarios Juan Díaz, Alexis Gómez y Luis Arteaga, por abuso de autoridad, detenciones arbitrarias y crear “falsos positivos” para obtener beneficios propios.
Explicó el especialista en derecho penal y defensor de los derechos humanos que el trío de uniformados tiene definido su propio modus operandi para criminalizar a sus víctimas.
“El 28 de diciembre en Vista al Sol, San Félix, ingresaron a las fuerzas a una vivienda, hicieron disparos, golpearon a los presentes y se llevaron detenidas a varias personas”.
Cuenta que simularon un hecho punible para justificar el procedimiento, aunado a que entraron al domicilio sin una orden de allanamiento, “tampoco había flagrancia, pero eso es su modus operandi para consumar sus triquiñuelas respaldadas por su jefe”.
Según, “las detenciones arbitrarias de personas inocentes, luego se convierten en extorsiones. Aquellos que no pagan la vacuna son incriminados y entregados al Ministerio Público, después son privados de libertad por un tribunal de control, sin existir elementos de convicción como para encarcelarlos”.
Derechos Humanos
José Gregorio, cree que alto comisionado de los derechos humanos de la Organización de Naciones Unidas, quien arribó recientemente al país, no está equivocado al pedir a las autoridades del Gobierno, la liberación de personas inocentes, incriminadas y procesadas en tribunales por actuaciones amañados.
Este patrón de conducta está en ciertos funcionarios de los cuerpos de seguridad, aseguró el jurista, además, mencionó que el 20 de enero, esos mismos oficiales de la DIP-PNB, detuvieron a siete personas que se disponían a viajar a la zona de El Dorado.
La aprehensión se llevó a cabo en Puerto Ordaz, entre los detenidos se hallaban cinco mujeres, “exigieron 10 mil dólares para ponerlos en libertad o de lo contrario serían puesto a la orden del Ministerio Público”.
Seis son liberados en la presentación por decisión del fiscal y juez del tribunal, pero una de las mujeres queda privada de libertad.
“Adrianny Copelam, es privada de libertad tras ser acusada de trata de personas, cuando la misma imputada se trasladaba por sus propios medios a El Dorado; también, las demás mujeres, todas conocidas, pero la fiscal 16 pidió la privativa de libertad contra dicha ciudadana”.
El abogado, advirtió que llevara el caso hasta las últimas consecuencias y probara que se cometió un exceso, igual, una decisión premedita y con alevosía.
Solicita a la fiscal de los derechos fundamentales, abogada Nancy Silva para que aperture una investigación contra los tres funcionarios.
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