Familiares y allegados de tres ciudadanos considerados presos políticos realizaron una protesta pacífica este martes en las puertas del Palacio de Justicia en Alta Vista, para denunciar presuntas violaciones a los derechos humanos y un severo retardo procesal. Los manifestantes señalaron que la causa penal se encuentra paralizada desde hace más de un año debido a la incomparecencia del Juez Quinto de Juicio y del fiscal del Ministerio Público asignados al caso, lo que ha provocado el diferimiento sistemático de las audiencias.
Los voceros afirmaron que los procesados sufren una vulneración al principio de presunción de inocencia, manteniéndose bajo una privación judicial preventiva de libertad que ya se extiende por casi siete años. De acuerdo con el testimonio de los familiares, las detenciones se ejecutaron de manera arbitraria en 2019 en Santa Elena de Uairén, municipio Gran Sabana, por una comisión de la Policía del Estado Bolívar (PEB) presuntamente bajo las directrices del entonces gobernador, Justo Noguera Pietri.
Familiares de Freddy García, Freddy Rafael García y Alonso Suárez fueron aprehendidos en un procedimiento penalmente viciado, encabezado por el oficial de la PEB Oscar Maita.
Según, los funcionarios actuantes incurrieron en una presunta simulación de hecho punible al colocar de forma fraudulenta un arma de fuego, material aurífero y sustancias estupefacientes en el vehículo de uno de los investigados.
Cuentan que la detención se utilizó como un mecanismo de coacción contra Andrés Fernández, conocido como “Toño” y hermanastro de García, debido a su negativa a presionar al entonces alcalde electo de Gran Sabana, Emilio González, para que cediera la administración municipal al partido de gobierno (PSUV).
Exigencia a los órganos superiores de justicia
Irma Alfaro y Freymar Paola García, madre e hija de Freddy Rafael García, respectivamente, manifestaron su agotamiento ante lo que consideran un ensañamiento judicial y la sistemática denegación de justicia. Durante la protesta, solicitaron formalmente la revisión del expediente por parte del Ejecutivo Nacional, fundamentando que los jueces de la causa han hecho caso omiso a las directrices públicas sobre la celeridad procesal y los beneficios de amnistía.
Por su parte, Freyper García ratificó que el trasfondo de la privación de libertad es estrictamente político, derivado del vínculo familiar con Andrés Fernández. En concordancia con esto, el ciudadano Carlos Rojas denunció que la paralización del juicio no solo obedece a la ausencia de los operadores de justicia, como el juez y fiscal, sino también a la falta de comparecencia de los órganos de prueba y testigos promovidos por el órgano acusador.
Ante este escenario, los familiares hicieron un llamado urgente al fiscal general de la República, Larry Devoe, para que ordene una inspección judicial inmediata a los tribunales del estado Bolívar y se evalúe el estatus de los ciudadanos que padecen detenciones prolongadas sin sentencia firme.
Alerta por deterioro de salud
La situación más crítica recae sobre el estado de salud de Freddy García, quien según sus hijas sufrió una parálisis facial en el centro de reclusión, condición que se ha agudizado debido a la falta de atención médica especializada adecuada en el Centro de Reclusión Preventiva en la zona de Guaiparo, en San Félix.
La familia denunció que el tribunal de la causa ha negado sistemáticamente el derecho constitucional a la salud, así como la evaluación de una medida humanitaria sustitutiva de libertad por razones de enfermedad grave.
Los manifestantes concluyeron advirtiendo que los diferimientos injustificados de los juicios orales constituyen un trato cruel e inhumano que atenta de forma flagrante contra la Constitución y los tratados internacionales en materia de derechos humanos suscritos por la República.
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