Denuncian impunidad en Barcelona tras la muerte de un ciudadano arrollado por un autobús

Familiares y allegados de Frank Candelario Vidal Lezama levantaron públicamente su voz de protesta para denunciar presuntas irregularidades procesales y exigir justicia, tras el trágico accidente de tránsito en el que perdió la vida luego de ser arrollado por una unidad de transporte público en la capital del estado Anzoátegui.

El siniestro vial se registró aproximadamente a las 5:30 p.m. del pasado 9 de mayo en la avenida Fuerzas Armadas de Barcelona, específicamente una cuadra antes del semáforo de la Plaza Bombón.

Para el momento del suceso, la víctima fue embestida por un vehículo perteneciente a la línea de transporte colectivo que cubre la ruta Tronconal III. Reportes de las autoridades identificaron de manera preliminar al conductor del automotor como el ciudadano Luis Salazar.

El desenlace fatal

Tras el fuerte impacto, Vidal Lezama fue auxiliado y trasladado de urgencia a un centro asistencial de la localidad. A pesar de los esfuerzos de los especialistas de guardia y de recibir atención médica durante varias horas, los galenos confirmaron su posterior fallecimiento debido a la gravedad de los traumatismos sufridos. Quienes conocieron a la víctima lo recordaron como un hombre de conducta intachable y profundamente dedicado al bienestar de su hogar.

Denuncian vicios en el proceso penal

El motivo de la denuncia pública radica en que, según explicaron los parientes del occiso, el conductor implicado en el arrollamiento recuperó su libertad pocas horas después del suceso. De acuerdo con los testimonios, la decisión judicial y fiscal se sustentó bajo una calificación jurídica inicial de “lesiones leves”, omitiendo deliberadamente en el acta procesal el posterior deceso de la víctima en el centro de salud.

Ante lo que consideran una grave irregularidad, los denunciantes cuestionaron severamente el proceder de los funcionarios actuantes que lideraron el levantamiento del choque y la fijación del expediente.

Por tal razón, solicitaron de manera formal ante el Ministerio Público y los órganos superiores de justicia una revisión exhaustiva de las actas en curso, así como la apertura de una investigación penal y administrativa sobre las actuaciones de los uniformados involucrados. Hasta el cierre de esta edición, no se ha generado un pronunciamiento oficial por parte de las autoridades de tránsito ni de los organismos de seguridad del estado Anzoátegui.

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