La ONG Centro de Documentación de Prisiones Cubanas (CDPC) documentó 79 violaciones de derechos humanos y el fallecimiento de cuatro reclusos durante el mes de septiembre, según revela su más reciente informe sobre la situación penitenciaria en la isla.
La organización —con sede en México— registró denuncias en 34 cárceles, campamentos de trabajo forzado y centros de instrucción penal distribuidos en 12 provincias cubanas y el municipio especial Isla de la Juventud. Las provincias de Camagüey (centro-este), La Habana y Mayabeque (occidente) concentraron la mayoría de los casos. Entre los penales con más denuncias destacan Kilo 8 y Kilo 7, en Camagüey, y la prisión de Quivicán, en Mayabeque.
Entre las vulneraciones más frecuentes figuran la negación de atención médica (27 casos), denuncias sobre el deterioro del estado de salud (26), falta de alimentación (19), restricciones a la comunicación (15) y traslados arbitrarios (9).
Muertes bajo custodia y desnutrición
El reporte detalla las circunstancias en que murieron los cuatro reclusos registrados en septiembre:
Florentino Morono Torres: Preso político recluido en la prisión provincial de Las Tunas, quien falleció el 20 de septiembre en el Hospital General Docente Dr. Ernesto Guevara, dos días después de sufrir un infarto en su celda sin recibir atención médica oportuna.
Reinier Ramírez Domínguez: Preso común que murió en el Hospital Calixto García de La Habana, 17 días después de recibir una licencia extrapenal, otorgada cuando su salud ya estaba gravemente comprometida por la falta de asistencia médica en prisión.
Dos reclusos no identificados: Fallecidos en la prisión de Mar Verde, en Santiago de Cuba, cuyas muertes fueron atribuidas a la falta de alimento y a cuadros de desnutrición severa.
Presos políticos y enfermos, en la mira
El CDPC identificó a 72 prisioneros (4 mujeres y 68 hombres) como víctimas directas de los abusos reportados. Entre los casos con mayor acumulación de violaciones en septiembre destacan el periodista independiente Henry Constantín (detenido en Camagüey) y los presos políticos Roberto Pérez Fonseca, Ediolvis Marín Mora y Vladimir Castillo Llanes.
Asimismo, 23 de las denuncias correspondieron a situaciones que afectaron al conjunto de la población penal en establecimientos específicos. La ONG subrayó que las personas encarceladas por motivos políticos y quienes padecen enfermedades crónicas o infecciosas —como tuberculosis, diabetes, asma, psoriasis o VIH— constituyen las víctimas más vulnerables.
El informe también documenta castigos que incluyen la suspensión de visitas y llamadas, confinamiento en celdas de aislamiento y golpizas aplicadas a quienes protestan por las precarias condiciones de reclusión.
Un subregistro provocado por la censura
El CDPC enfatizó que los datos presentados representan apenas un subregistro de la realidad penitenciaria cubana.
Según explicó la entidad, resulta imposible elaborar una documentación exhaustiva debido a la «opacidad sistemática del régimen cubano», el cual niega información oficial, prohíbe el acceso a observadores independientes y criminaliza la labor de los defensores de derechos humanos en la isla.
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