Una grave situación de orden público e institucional se registra en el sur del estado Bolívar. Los habitantes de las poblaciones de Las Claritas y el kilómetro 88 han alzado su voz de protesta para enviar un mensaje contundente y público a las autoridades, señalando directamente a efectivos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) y a miembros del Grupo Territorial de Áreas de Protección Operativa (GTAPO) por su presunta vinculación con una ola de saqueos que azota a la región.
Según las denuncias formuladas por los propios vecinos de estas localidades mineras, la misión de brindar protección y seguridad integral a la ciudadanía se ha desvirtuado por completo.
Los afectados sostienen que diversos funcionarios ejecutan procedimientos irregulares que terminan perjudicando directamente a las comunidades, traduciéndose en presuntos saqueos de comercios y allanamientos arbitrarios en las viviendas de familias trabajadoras.
Zozobra colectiva ante procedimientos arbitrarios
Los residentes aseguran de manera unánime que las condiciones de vida en el sector se han vuelto insostenibles durante los últimos días. La recurrencia de estas inspecciones no autorizadas y de los desvalijamientos ha sembrado un estado latente de temor e incertidumbre entre quienes habitan la región, vulnerando la tranquilidad y los derechos de los ciudadanos.
Ante el incremento de la tensión en la zona, la comunidad organizada exige el cese inmediato de estos operativos armados que, lejos de combatir la delincuencia, vulneran la propiedad privada y atentan contra el sustento de los pequeños comerciantes y mineros artesanales.
Exigencia de intervención al Ministerio de Minas
Debido a la naturaleza del conflicto en este eje territorial, los pobladores hicieron un llamado público y de carácter urgente al ministro de Desarrollo Minero Ecológico, Héctor Silva. Solicitan formalmente su intervención inmediata en los yacimientos y pueblos colindantes para detener de forma definitiva los atropellos que, de acuerdo con los testimonios locales, cometen los uniformados bajo el amparo de su investidura.
Los habitantes del kilómetro 88 e importantes sectores de Las Claritas insisten en que la solución a la crisis de la zona no pasa por la violencia institucional. En su lugar, demandan alternativas viables, respeto a los derechos humanos y plenas garantías gubernamentales para poder convivir y ejercer sus labores productivas en paz, sin el riesgo de ser despojados de sus bienes patrimoniales.
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