El Departamento de Justicia de Estados Unidos retiró el recurso presentado ante la Corte Suprema con el que buscaba impedir la reactivación de una orden emitida por el juez federal Edward Chen, quien previamente había bloqueado la cancelación del Estatus de Protección Temporal (TPS) para ciudadanos venezolanos.

La acción se produjo luego de que la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito, con sede en San Francisco, determinara que la suspensión del fallo de Chen debe mantenerse vigente hasta siete días después de que ese tribunal emita una decisión sobre el fondo del litigio. Con este escenario, la cancelación del beneficio migratorio continúa aplicándose mientras avanza el proceso judicial, aunque el Departamento de Justicia conserva la opción de acudir nuevamente al máximo tribunal estadounidense, según informó la agencia Associated Press (AP).
Antecedentes del litigio migratorio

El Estatus de Protección Temporal fue creado por el Congreso de Estados Unidos en 1990 para resguardar de la deportación a ciudadanos de países atravesados por conflictos armados, desastres naturales u otras condiciones extraordinarias que dificulten un retorno seguro.

Para los venezolanos, el programa fue otorgado inicialmente en marzo de 2021 durante la administración de Joe Biden, ampliado en septiembre de 2023 y extendido hasta octubre de 2026 poco antes del cierre de ese mandato, de acuerdo con reportes de Reuters. Posteriormente, la entonces secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, anuló dicha prórroga e impulsó el cese de las designaciones vigentes.

En respuesta, el juez federal Edward Chen dictaminó que el Ejecutivo carecía de autoridad para revocar las protecciones y señaló presuntas vulneraciones a la normativa federal que rige los procedimientos de las agencias gubernamentales. En octubre de 2025, la Corte Suprema suspendió temporalmente esa resolución e instruyó al Noveno Circuito a revisar el expediente tomando como referencia un precedente vinculado al fin del TPS para ciudadanos de Haití y Siria, proceso que aún sigue abierto.

Por su parte, la administración actual argumenta que el programa posee naturaleza temporal y sostiene que las condiciones en Venezuela ya no justifican el mantenimiento de la medida. Asimismo, el Departamento de Justicia señaló en sus alegatos que restituir de inmediato el estatus habría implicado la liberación de aproximadamente 1.800 ciudadanos venezolanos bajo custodia migratoria y habría detenido la expulsión de cientos de personas con órdenes definitivas de deportación.

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