Desde este sábado, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de Estados Unidos ha entrado en una fase de parálisis presupuestaria.
El bloqueo es el resultado de un estancamiento en las negociaciones entre demócratas y republicanos, quienes no han logrado un punto medio sobre el funcionamiento de la oficina de Inmigración y Aduanas (ICE).
Esta situación surge como una respuesta directa a la creciente tensión tras dos tiroteos mortales en Mineápolis que involucraron a agentes federales, explica Banca y Negocios.
Un conflicto impulsado por la actuación policial
La bancada demócrata ha fijado una postura firme: no habrá nuevo financiamiento para el DHS mientras no se implementen reformas estructurales en el ICE. Esta agencia, pieza clave en la política migratoria del presidente Donald Trump, se encuentra en el ojo del huracán tras la muerte de los ciudadanos Renee Good y Alex Pretti.
Ambos fallecieron en enero durante protestas contra las redadas, lo que ha intensificado las exigencias de la oposición para limitar el poder de los agentes federales.
Entre las demandas específicas de los demócratas se encuentran la reducción de los patrullajes, la prohibición del uso de pasamontañas por parte de los agentes y la obligatoriedad de presentar una orden judicial para ingresar a propiedades privadas.
Hakeem Jeffries, líder demócrata en la Cámara de Representantes, criticó duramente a la administración actual, señalando que «los dólares de los contribuyentes deben utilizarse para hacer la vida más asequible, no para brutalizar al pueblo».
El impacto en los funcionarios y servicios públicos
A medida que el bloqueo se prolonga, las consecuencias laborales comienzan a ser evidentes. Miles de funcionarios entrarán en paro técnico, mientras que aquellos considerados «esenciales» deberán continuar con sus labores sin recibir salario hasta que el Congreso apruebe un nuevo presupuesto.
A pesar de esto, se estima que el ICE podrá seguir operando temporalmente gracias a remanentes de fondos aprobados el año anterior, lo que llevó al senador John Fetterman a declarar que la parálisis tendrá «literalmente cero impacto» sobre la operatividad inmediata de la policía de inmigración.
Sin embargo, otras agencias dependientes del DHS no correrán con la misma suerte. La Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) y la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) se perfilan como las principales afectadas.
De hecho, la TSA ya ha advertido a través de sus canales oficiales que un cierre prolongado derivará inevitablemente en tiempos de espera más largos en los aeropuertos y posibles cancelaciones de vuelos a nivel nacional.
Negociaciones estancadas en el Senado
Desde el Ejecutivo, la portavoz Karoline Leavitt atribuyó el bloqueo a «razones políticas y partidistas». Aunque la Casa Blanca envió una contrapropuesta el pasado miércoles, la oposición la rechazó de inmediato.
El líder republicano del Senado, John Thune, defendió la propuesta oficialista calificándola de «extremadamente seria» y advirtió que los demócratas no lograrán imponer toda su agenda de reformas.
El sistema de votación en el Senado complica aún más el panorama, ya que se requieren 60 de los 100 votos para destrabar el presupuesto. Esto obliga a los republicanos, a pesar de tener mayoría, a buscar el apoyo de sus rivales políticos en un clima de alta polarización y escaso margen para el compromiso.
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